La decisión del Gobierno portugués de implantar un peaje para circular por la autovía que une la antigua frontera española con Oporto ha provocado una fuerte contestación social tanto en el norte del país vecino como en el sur de Galicia. Dirigentes políticos, asociaciones empresariales y ciudadanos en general ven en la medida no sólo un castigo a la ya de por sí depauperada economía doméstica, sino una amenaza más para la Eurorregión, que cada día debe hacer frente a nuevas trabas que lastran su desarrollo.
Las economías de Galicia y del Norte de Portugal han demostrado sobradamente desde hace años que, lejos de competir entre sí, se complementan en aras de un progreso en común. Los datos son suficientemente elocuentes: un centenar de empresas gallegas están instaladas en polígonos lusos, otro medio centenar tienen capital portugués, la mitad de las mercancías con destino a España desde Portugal entran por nuestra frontera, el 65% de las mercancías transportadas por carretera en el norte luso se cargan en Galicia, y 60.000 vehículos ligeros y 4.500 de transporte pesado circulan a diario entre Pontevedra y el vecino país. Por no mencionar los miles de gallegos que se desplazan a centros comerciales de Oporto para sus compras y los también miles de portugueses que hacen lo mismo en Vigo, amén del flujo turístico entre ambas orillas. La patronal y las cuatro Cámaras de Comercio e Industria de la provincia de Pontevedra así como la asociación empresarial de Viana do Castelo se han agarrado a esta realidad para unir su voz y crear un frente común contra el peaje.
En este contexto, es obvio que cualquier medida que entorpezca la fluidez del tráfico entre las dos orillas del Miño perjudicará a la Eurorregión, además, claro está, de dañar el bolsillo de los contribuyentes. La rebelión de los alcaldes del Norte de Portugal, algunos del mismo color político que su Gobierno, contra el anunciado peaje -previsto en una primera etapa sólo para la autovía a Oporto y no para las del Sur del país- es una muestra palpable del malestar y hasta de la indignación que respira una población que se siente cada vez más no sólo olvidada, sino marginada y hasta maltratada por la política centralista que siempre ha caracterizado a los Gobiernos lusos sin distinción política. No sólo tienen menos ingresos que sus vecinos del centro o del sur del país -el PIB per cápita en el Norte es el más bajo de todo Portugal-, sino que soportan la mayor tasa de desempleo y peor sistema de salud que el resto. Recientes están las imágenes de los habitantes de Valença do Miño engalanando su pueblo con banderas de España para protestar por los recortes sanitarios y en agradecimiento a la atención recibida en Galicia.
Portugal necesita hacer caja, como le ocurre a España y a la mayoría del resto de países de la UE, para contener su déficit público. De hecho tiene previsto extender el peaje a la A-22, que recorre transversalmente el Algarve, en concreto en el último tramo hacia la frontera española con Huelva, pero más adelante. La mayoría de las autopistas portuguesas recientes están construidas por el sistema de peaje en la sombra, es decir, las financian las propias constructoras y luego el Estado las paga mediante canon anuales. Lo que Lisboa pretende es, dentro de esa política de ajustes, reducir sus costes revertiendo ahora directamente sobre los ciudadanos el pago de la obras. Lo mismo ocurre con el AVE del Norte, entre Oporto y Vigo, sacrificado ante la apremiante necesidad del país de apretarse el cinturón.
El problema es que ese tipo de medidas, por necesarias que parezcan ahora, van en contra del futuro y del progreso, puesto que entorpecen la libre circulación de personas y mercancías, debilitan el consumo y castigan los márgenes de competitividad de las empresas asentadas a ambos lados de la frontera. Y buena prueba de que se trata de medidas forzadas y coyunturales es la torpeza e improvisación con que ha actuado el Gobierno portugués, rectificando una y otra vez sobre los plazos para la imposición del peaje y perdido en un mar de dudas sobre el sistema de cobro.
Es evidente que en esto, como en tantas otras cosas, la sociedad civil va por un lado y los políticos, por otro. Pero, al margen de ésta o de cualquier otra coyuntura, la Eurorregión saldrá adelante por propia evolución natural. Tarde o temprano se impondrá como una realidad incontestable en todas sus dimensiones. Galicia y el Norte de Portugal se necesitan con anchos y abiertos horizontes y, lamentablemente, peajes como el impuesto por el Gobierno de Sócrates sólo acortan y oscurecen esas miras.
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