Así pues, y a la vista del fracaso –por otra parte previsible, dadas las circunstancias– en el intento de un pacto parlamentario para demorar el pago al Estado de la deuda gallega, quizá no estuvieren de más algunas reflexiones. Sobre todo para buscar las causas de fondo en lo ocurrido y no quedarse, como tantas otras veces, en la mera protesta –como la de ayer del señor Feijóo– que sirve para poco y lleva a ninguna parte.
A partir de ahí, lo primero es subrayar que la táctica de pedirle a alguien al que se acusa cada día de deslealtad –como ocurre desde la Xunta con el Gobierno central– que saque las castañas del fuego no parece adecuada. Y aunque el ardid de hacerlo a través del Parlamento fue inteligente, supone el riesgo añadido de que si falla, como falló, amplía institucionalmente el daño y lo extiende del ejecutivo al legislativo.
Dicho eso parece necesario insistir en algo cuyo recuerdo disgusta a los protagonistas de la vida pública, pero que está en el origen del actual problema. El fracaso en la reforma del Estatuto supuso desventajas colaterales para Galicia en relación con otras Autonomías que actualizaron sus textos, sobre todo en el aspecto financiero, porque blindaron, o al menos reforzaron, su participación en el sistema. Y la gallega, no.
Aquel desacuerdo –que fue responsabilidad de todos, por más que unos traten de endosarle la culpa a otros y que demostró la ramplona condición de la política de este país– causó otro efecto de mayor proyección y duración y por tanto más dañino: acentuó la asimetría del Estado. Pero lo hizo en el sentido más perjudicial para los económicamente débiles y, por tanto, menos constitucional por insolidario.
Curiosa, pero no casualmente, éste el modelo que los socialistas catalanes propusieron desde su tesis de federalismo asimétrico, y que este PSOE, el de Zapatero, que atiende más a sus intereses electorales que a los colectivos y disfraza de "atención a la diversidad" lo que no es sino arbitrariedad, lleva seis años aplicando en todo aquello que le conviene, desde la economía a la justicia. Como es público y notorio.
Ése es, seguramente, el marco de un problema que por lo tanto no puede resolverse en el Parlamento gallego, sino en el español y a través de una clarificación del panoprama político. Mediante elecciones, por supuesto: lo que falta por saber es si este PSOE de Zapatero seguirá como Antón Pirulero, atendiendo sólo a si juego –y al del PSC– o pensará de una vez en el bien común.
¿Eh....?