El atentado

Así que, diga lo que quiera el señor subdelegado del Gobierno en Pontevedra, la verdad es que el atentado de ayer en Vigo contra una sede patronal provoca más estupor que sorpresa. Sobre todo porque, a pesar de que actos semejantes se han repetido en los últimos meses, no hay noticia de una acción eficaz contra los terroristas; que eso es lo que son: el tamaño de las bombas –que por cierto va creciendo– es tan sólo un factor añadido.
Y hay otro dato que conviene resaltar: don Delfín Fernández, que no destaca por la eficacia en su tarea –quizá por eso pidieron ya su cese patronal y sindicatos pontevedreses, aunque su amistad con el delegado señor Louro le blinda el puesto, por ahora– apeló desde Bueu, tras el atentado, a la confianza que merece la policía. Además, por supuesto, de prometer que los autores serán detenidos y llevados ante los tribunales para su juicio.
El problema de un mensaje así está en que incurre en varios errores de bulto. Sobre todo en uno: que si hubiera que reforzar la confianza ciudadana en alguien no sería en los cuerpos de seguridad, que ya la inspiran, sino en los políticos que los dirigen. Y no tanto porque les falte capacidad sino porque les sobre sectarismo: en los últimos tiempos se ha visto cómo los gobernantes han manejado las leyes –y su interpretación– a conveniencia.
Sin la menor pretensión de mezclar churras con merinas, conviene recordar los diferentes varas que se usan ahora para medir las normas según sea el receptor. En lo laboral se ve como se trata la huelga del Metro de Madrid y el caso de los controladores de vuelo, y en lo que a violencia se refiere, todo el mundo recuerda las actitudes del ex ministro de Justicia o el fiscal general del Estado durante el diálogo con ETA.
En lo que al radicalismo independentista gallego, es inexplicable que no hayan sido desarticulados aún los grupúsculos que usan las bombas como medio de intimidación. Suman apenas un puñado de fanáticos, y no hay quien entienda cómo, en un país tan pequeño como éste no se capturen, o que cuando se haga sea –como acaba de ocurrir– sin las pruebas que permitan su condena.
Algo pasa, y no parece que sea en la policía. Quizá sea llegada la hora de que quien corresponda deje la retórica explique cuáles son los criterios y qué se pretende con el aparente retraso en la orden de ir a por todas. Quienes sufren los efectos directos de las bombas tienen derecho a ser protegidos y los demás, a sentirse así.
¿O no?