El furor

Pues la verdad es que, dicho sin ánimo de incordiar, una de las afirmaciones más llamativas de cuantas han aparecido en estos días en relación con lo que el PP llama "la trama agraria" es la que atribuyen a don Alfonso Rueda. Que habló nada menos que de "furor judicial" ante las peticiones de amparo que los socialistas han planteado ante los tribunales.
La frase, que sorprende incluso en un político, provoca estupor al proceder de un hombre de Leyes para el que la defensa del honor ante las instituciones que se encargan de ella debería ser un recurso lógico, utilizado en función de los ataques que el afectado crea estar recibiendo de forma injusta. Y a fe que eso piensan los afectados, miembros del Bipartito, a los que llueven las denuncias.
Expuesto eso, y con la venia, extraña tanto lo mucho dicho por el conselleiro/secretario general del PP como lo poco hecho para esclarecer sus acusaciones como Dios manda. Porque no ha ido aún al Juzgado, optando en su lugar por la prensa o la rocambolesca pesquisa que, sin ser una Comisión parlamentaria ad hoc, llevan (o eso dicen) sus diputados.
Quedó dicho ya que en la estrategia popular hay elementos que no pueden disimular su naturaleza. El primero, la ausencia de un interés auténtico por la causa de la justicia en la actuación investigadora: si la hubiera de verdad, el asunto estaría en otros foros, parlamentarios o judiciales.
El segundo, la intención de compensar escándalos actuales o por venir que apuntan ya en el horizonte.
En semejante marco resulta especialmente dañino que el director de la estrategia sea a la vez jefe de la Administración autonómica, ya que por serlo, dominaría recursos y resortes teóricamente neutrales. Y que, por cierto, facilita que la investigación (que implica además de a políticos a profesionales funcionarios) se haga desde fuera con ausencia plena del principio de objetividad.
Todo ello es grave, por lo dicho y por lo que uno de los denunciados en los media, el exconselleiro señor Varela, declaró en público: que lo que hizo él -que proclama lícito- es lo mismo que en 2009 hicieron los denunciantes. Eso es comprobable, como comprobables sin los nombres y apellidos de los implicados: nada más lógico, pues, que la Xunta difundiese cada uno de esos datos siquiera para que aquí de una vez para siempre se sepa con quién se juegan los cuartos.
En todo caso, el mal está hecho: esta Xunta funciona al iberoamerican style, y ya se sabe de qué va eso y qué significa.
¿O no...?