Por si no teníamos bastante con la polémica sobre Garzón y sobre cualquier cosa que induzca al enfrentamiento civil, ahora nos enfrascamos en la disputa sobre el uso del velo islámico en las escuelas. Un problema que afecta a una minoría irrelevante, pero que se presenta por algunos como una batalla fundamental para evitar el peligro de la islamización inminente de España, una posibilidad que podría arruinar el éxito de una Reconquista que duró ocho siglos. Una chica española, de 16 años de edad y de origen marroquí, se presentó en clase con un hijab (velo) en la cabeza y los rectores del instituto donde estudia, el Camilo José Cela de Pozuelo, le negaron la entrada en las aulas mientras no se lo quite, basándose en unas normas de régimen interior. El caso trascendió a los medios y los políticos, como es su costumbre, metieron la cuchara para sacar réditos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene competencias exclusivas en educación, apoyó la postura del centro y dio como alternativa que la muchacha continúe sus estudios en otro instituto próximo donde no existe esa prohibición. No obstante, doña Esperanza Aguirre manifestó su solidaridad con la postura de los rectores del Camilo José Cela, y altos cargos de su gobierno la ratificaron alegando que no pueden imponerse creencias religiosas a los demás, entre otras cosas porque la Constitución no lo permite. En sentido contrario, el ministro de Justicia se manifestó partidario de evitar discriminaciones por razones religiosas, y el de Educación señaló que, en cualquier caso, debería prevalecer el derecho a la educación de la estudiante. Visto desde una cierta lejanía, el incidente parece fácil de resolver con un mínimo de tolerancia y de mano izquierda, y no debería haber salido del ámbito escolar, pero dado el exagerado clima de politización de casi todo hay que augurarle una larga trayectoria en los medios. Y más aún si tenemos en cuenta que el Gobierno prepara la presentación de un proyecto de ley sobre libertad religiosa que puede resultar polémico. Aún tenemos fresca en la memoria (si es que le memoria supera el tiempo que media entre un telediario y otro) la escandalera que montó el PP en el Congreso cuando la mayoría parlamentaria aprobó una propuesta de Esquerra Republicana que solicitaba la retirada de los crucifijos en los colegios públicos, invocando la aconfesionalidad del Estado y el precedente de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Bien es verdad que la polémica sobre el velo y sobre los peligros de la islamización no es sólo española porque en Francia también se ha planteado y en Suiza se ha celebrado recientemente un referéndum para poner límites a los minaretes de las mezquitas. Por supuesto, la agitación propagandística de una amenaza inminente y de inconcreta magnitud es una herramienta política reaccionaria a la que no le deberíamos prestar demasiada atención, aunque su uso es cada vez más frecuente. Recordemos sino, que la intervención militar en Afganistán fue presentada casi como una campaña progresista por la liberación de la mujer afgana y el rasurado de barba de los hombres que las maltrataban. Desconozco cuál es el número exacto de muchachas españolas que usan la hijab en clase, pero convendría subrayar que en los territorios de Ceuta y Melilla, comunidades por cierto gobernadas por el PP, tal prohibición seguramente no existe. Y tampoco creo que el problema se haya planteado cuando dan o reciben educación monjas con toca y curas con alzacuello. Cuestión de perspectiva.