La jugada

Pues la verdad es que han espabilado pronto, los estrategas del PSdeG, para recuperar el protagonismo que casi todo el mundo le restó en el reciente Debate sobre el Estado de la Autonomía. El medio fue la reactivación del pacto para la reforma de la Lei do Solo y parece que le funcionó, porque ayer se hablo de eso más que de cualquier otro tema, pero falta por saber si además de eco obtuvo éxito, que es cosa distinta.
La duda se origina en la propia naturaleza de la jugada, que resulta rara: un especialista diría que la baza, con la supuesta renuncia del PP a la granja marina de Touriñán, tenía una carta de más. Algo que permitiría a los socialistas atribuirse dos méritos de una tacada: facilitar una Lei do Solo más estable que hasta ahora y dejar a la Xunta a culo pajarero -con perdón- tanto en Muxía como en toda la Costa da Morte al renunciar en apariencia a una de sus promesas más fervientes.
Esa carta de más constituiría, en cualquier mesa de juego, pura y simplemente una trampa que acarrearía la expulsión automática del infractor. Ocurre que en política las reglas son más flexibles, y como en el fondo está el urbanismo, el episodio podría saldarse con una polémica de baja intensidad, de las que se abren y cierran en un par de días y punto. La ex conselleira señora Gallego, vanguardia anti Touriñán en el Bipartito, anticipaba un posible desacuerdo de don Alberto Núñez con su versión, y pareció que con eso bastaría. Se verá.
En todo caso conviene añadir algo: la postura de la izquierda en este país, negándose al proyecto muxián y aplicando de un modo muy restrictivo la normativa europea sobre acuicultura dista mucho de ser un acierto y desde luego -respetando otras opiniones- una actitud razonable ante la crisis. Entre otros motivos porque recorta el potencial acuícola de Galicia y por tanto su capacidad de empleo y de progreso para zonas históricamente mal tratadas por los gobiernos.
Es por eso por lo que la reacción del señor presidente Feijóo resulta sensata al garantizar que la Xunta recibirá los proyectos, los analizará a la luz de la ley y despachará o negará los permisos en función de su adaptación a las normas. Algo que pudo y debió haber hecho el Bipartito -el proyecto de Pescanova tenía los permisos de Madrid y de Santiago, de PSOE y PP, en regla- y habría ahorrado líos al país. No lo hizo y ahora vuelve a equivocarse al resucitar la cuestión y enfocarla como lo hace: desde la política de partido, que no desde el bien común y la ecología. ¿Eh...?