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Inventario de perplejidades

El toro desgrava a Hacienda

José Manuel Ponte

 
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Una vez hemos conseguido "politizar" la Justicia (hay jueces "progresistas", jueces "conservadores", y hasta jueces "independientes", lo que parece una ironía) estamos a punto de conseguir la politización definitiva de la fiesta de los toros, algo impensable hace años. El Parlamento de Cataluña había creado una comisión para debatir una iniciativa popular que propugna la abolición de ese espectáculo con el argumento del evidente maltrato a los animales, una práctica prohibida con carácter general en la legislación europea (recordemos que una campaña parecida acabó con la tradicional caza del zorro en Gran Bretaña). Los taurinos y los antitaurinos se presentaron en el debate armados con su mejor bagaje dialéctico y se exhibieron desde los instrumentos de tortura que se emplean en la lidia (espadas, banderillas, puyas) hasta datos muy precisos sobre el grado de sufrimiento de los animales. El filósofo Jesús Mosterín negó que la tradición pueda justificar cualquier clase de crueldad y citó como ejemplo la ablación del clítoris en algunos países de África, comparación que escandalizó a algunos diputados. En réplica, dos ilustres colegas suyos, uno español, Víctor Gómez Pin, y otro francés, Francis Wolf, plantearon el absurdo que supone liberar a los animales de todo dolor y en consecuencia de toda subordinación al hombre, lo que nos llevaría a prohibir la pesca, la caza y hasta el consumo de carne. El debate del Parlamento catalán discurría en un tono académico, teniendo todos los grupos la precaución, incluidos los nacionalistas, de no convertirlo en una polémica sobre si la identidad de Cataluña es o no incompatible con los toros al ser estos considerados como la "fiesta nacional" española por antonomasia. En estas estábamos, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, olfateando la rentabilidad política de la cuestión, se tiró al ruedo (nunca mejor dicho) y declaró la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural. Inmediatamente, las comunidades de Valencia y de Murcia, también regidas por el PP, siguieron su estela, anunciaron lo mismo Castilla y León y Ceuta, e imagino que, muy pronto, harán igual Navarra y la Rioja. En Galicia es más complicado que fotocopien la iniciativa porque en el país del millón de vacas la tradición taurina es más floja y, con la grave crisis que sufre la ganadería de carne y de leche, declarar de Interés Cultural los toros parecería una burla ofensiva. En agosto, don Mariano Rajoy suele acudir a la feria de Pontevedra, su pueblo, a fumarse un puro en un tendido de sombra, pero allí el alcalde es del BNG y no parece receptivo a la iniciativa. Imagino que el propósito de Esperanza Aguirre, además de buscar una confrontación con Cataluña, es poner en apuros a las comunidades taurinas del PSOE, como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, planteando el dilema de que quienes no apoyen a los toros son traidores a las esencias de España. A punto de comenzar la temporada taurina y las grandes ferias de Valencia, Sevilla y Madrid, las plazas pueden convertirse en escenario de mítines patrióticos espontáneos, con los políticos de derechas en barrera saludando al público y en algunos casos, como el de Esperanza Aguirre y Rita Barberá, luciendo peineta y mantilla. No obstante, hay otros aspectos de la medida que no deben escapar a nuestra atención. Declarar Bienes de Interés Cultural las dehesas (500. 000 hectáreas), las ganaderías y otras pertenencias relacionadas con el mundo del toro, representa otorgar sustanciosos beneficios fiscales a los terratenientes, a los toreros, a los apoderados y a los empresarios de las plazas. No todo es tan patriótico como parece.

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