El sainete

Así pues, a la vista de que el asunto parece encasquillado, quizá no estuviere de más, aparte de un toque de atención por quienes corresponda para acabar con el sainete, preguntar en voz alta qué es lo que sucede en Vigo con el Puerto y el Ayuntamiento. Que, unos por otros, la casa -común, porque ambos sirven, al menos en teoría, a los ciudadanos- sin barrer y lo que es peor, la imagen por los suelos. Y, encima, en un momento en el que habrían de cuidarla con todo esmero.
Y no se trata de pontificar ni de escribir epístolas morales; sólo de señalar que es intolerable el espectáculo actual. Porque no es de recibo que los tribunales se contradigan y uno de ellos paralice obras claves para la ciudad como las que permitirían ampliar la capacidad de los muelles, o que el Concello y la Autoridad Portuaria protagonicen los bufos episodios de estos días, con presencia policial incluida.
Es verdad que nadie está por encima de la ley, y que quienes la aplican han de actuar con márgenes razonables para asegurarse su eficacia. Pero, por lo que a la paralización se refiere, es imprescindible que se conjuguen la protección de las garantías con la agilidad en la tramitación, de forma que no resulten perjudicados los intereses colectivos. Que, y conviene no perder eso de vista, lo son -intereses públicos- tanto la protección del medio marino como la dinamización de la economía metropolitana mediante la ampliación del Puerto.
Lo otro -o sea, el sainete- es aún más inexplicable para el espectador por cuanto que en el fondo ambas partes quieren lo mismo: la conversión de Vigo en puerto base de cruceros. Algo que es clave para la ciudad, que planteó el señor Caballero y que ahora quiere lograr doña Corina Porro y que requiere una serie de obras infraestructurales y complementarias que hagan el proyecto más atractivo. A partir de ahí la pejiguera de los trámites legales y administrativos puede y debe resolverse aplicando una norma sencilla; la del sentido común.
Ocurre que el fondo de la cuestión no es el que aducen ambas partes. Dicho de otro modo, parece evidente que lo que hay es una pugna, quizá preelectoral, por el protagonismo de algo que puede y debe situar a aquel puerto en la vanguardia de un turismo clave para la ciudad, su área metropolitana y el país entero. Y precisamente por la dimensión del asunto es exigible que doña Corina y don Abel se pongan de acuerdo y hagan aquello para lo que están donde están: procurar el bien común.
¿Eh...?