Ali al Bahlul, portavoz oficial –digamos– de Al Qaeda, ha invocado ante el tribunal militar estadounidense que le está juzgando su derecho a la libre expresión que, en ese caso en particular, ampararía al vídeo en el que el caballero llamaba a los musulmanes norteamericanos a la guerra santa contra su propio país. El asunto, por pintoresco que parezca, no nos es extraño a los españoles. Estamos acostumbrados a que ETA acuda a la Constitución, a esa misma carta magna que rechaza, siempre que necesita amparo para los derechos que, en cualquier ciudadano, quedarían garantizados por la ley de leyes. Se da el caso, no obstante, de que los terroristas no son ciudadanos cualesquiera sino ungidos por la divina encomienda de terminar con el Estado llevándose por delante, de paso, todo tipo de víctimas. Si no lo consiguen, tampoco será por falta de empeño y voluntad.
La contradicción entre combatir un sistema de contrato civil y acogerse, a la vez, a sus beneficios es por lo que se ve una costumbre que traspasa nuestras fronteras. Si nos ponemos en la formalidad más absoluta habría que concluir que, siempre que defendamos la universalidad de las libertades amparadas por el Estado de Derecho, hasta los terroristas caben bajo ese manto. Sería absurdo negarles, por ejemplo, la potestad de contraer matrimonio o incluso el derecho a la nacionalidad –incluso si les da por quemar el pasaporte–. Pero cuando se trata en especial de delitos o, si se prefiere, supuestos delitos que tienen por fin el socavar los cimientos del Estado, ya queda más oscuro que puedan contar para ese propósito con los beneficios de la libertad constitucional de expresarse de forma libre. En realidad en España no la tienen porque es un delito la apología del terrorismo o la incitación a él. Pero si no lo fuese –como sucede en Estados Unidos–, ¿habría que proteger el derecho de quien está propagando el terrorismo a airear su mensaje?
En realidad los melindres que esconde tanta formalidad vienen forzados por la manía de llevar la idea de lo políticamente correcto hasta la saciedad, negando, por ejemplo, que haya una guerra declarada contra el terrorismo ya sea nacional o internacional. A partir de ahí, aparecen los disparates. Si proclamamos que perseguir a los terroristas es un ejercicio de pedagogía y combatir a los talibanes una ayuda humanitaria, no podemos quejarnos luego de que desde ETA se reclamen becas y en Afganistán bonos para obtener granadas. Estamos en realidad volcándonos en la letra de lo que dicen las leyes porque su sentido se ha negado cuando más falta hacía pormenorizarlo.
Llamemos a las cosas por su nombre desde el principio. Aclaremos quién tiene derecho de amparo y cuándo lo pierde, antes de meternos en honduras de procedimiento. Porque, de lo contrario, cualquier día se liará un ciudadano a tiros con los terroristas a las puertas de un juzgado y entonces será ya tarde para salir con matizaciones formales.
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