El Gobierno de España presentará finalmente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Caixas aprobada el pasado 29 de diciembre en el Parlamento gallego con los votos de PP y BNG y el rechazo de los del PSdeG. El Ejecutivo de Zapatero considera que la norma gallega vulnera al menos una decena de preceptos de la Ley Orgánica Reguladora de las Cajas de Ahorro (LORCA) y que se atribuye competencias que estima exclusivas del Banco de España. El recurso está basado en un dictamen del Consejo de Estado elaborado por el ex ministro de UCD Landelino Lavilla y aprobado por unanimidad.
El enorme revuelo político originado por el recurso no se corresponde con lo que en sí mismo representa un procedimiento jurídico al que las distintas administraciones recurren con relativa frecuencia para dirimir sus diferencias en asuntos que, como en el que nos ocupa, atañen a cuestiones competenciales. Recurre ahora una administración central socialista una ley de cajas aprobada en una autonomía gobernada por los populares, como en su día fueron éstos quienes, desde el Gobierno central, recurrieron la que los socialistas habían aprobado en Andalucía, por ejemplo.
Empeñarse en decir, como se está diciendo, que el recurso es en realidad un veto a la fusión de las cajas gallegas o, incluso, como también se ha denunciado, un ataque directo a Galicia para impedirla tener una gran caja de ahorros es lo mismo que reconocer, al menos implícitamente, que la ley no era en sí misma una mera norma legal, sino un arma ad hoc para imponer la fusión.
Y si es así, como en realidad es, dígase de una vez alto y claro, porque quizá de esa manera se comience a admitir también que la ley no sólo no es la solución, sino que es el problema.
Nunca debió tramitarse con las prisas que se hizo. Lo dijimos en su momento y lo mantenemos ahora. La trascendencia del asunto a regular, nada menos que el funcionamiento y control de las entidades financieras más importantes existentes en Galicia, cruciales para su desarrollo en todos los ámbitos, demandaba un debate sosegado, abierto a la sociedad y orientado a lograr el más amplio consenso posible, pues ésas serían sus mejores garantías de perdurabilidad. No se hizo así, y de aquellos polvos vienen estos lodos que ahora todo lo embarran.
Sostener que el Gobierno central bloquea en Galicia la creación de esa gran caja que no paralizó en otras comunidades y que lo hace en connivencia con el Banco de España, el Consejo de Estado, el partido socialista y no se sabe cuántos cómplices más es, cuando menos, no decir toda la verdad. Puede ser que, efectivamente, no quieran la fusión, como denuncia la Xunta –ellos sabrán cuáles son sus verdaderas intenciones–, pero la razón última de que no la haya no es ésa, sino que una de las entidades que debe fusionarse, Caixanova, la rechaza con firmeza y rotundidad. Respecto a la otra, Caixa Galicia, se supone que la quiere, aunque su estruendoso silencio, al menos oficialmente, a lo largo de todo el proceso justifica más que de sobra las dudas que muchos en Galicia sostienen sobre sus verdaderos deseos.
Lo que no se quiere admitir es que el consejo de administración de Caixanova ha dicho no a la fusión porque entiende que es una mala opción de futuro, dado que la caja resultante nacerá en su opinión lastrada de tal manera que resultará inviable. Pueden estar equivocados, lógicamente; puede que, tal y como sostiene la Xunta, la mejor manera de garantizar la galleguidad de ambas entidades sea mediante la fusión, pero los miembros del consejo de administración de Caixanova, legítimos representantes de la entidad, están no sólo en su derecho sino también en su obligación de defender lo que consideran mejor para la caja. Y conviene recordar que lo hace por unanimidad, con la excepción de un representante del Bloque.
Se avanzaría mucho en la búsqueda de una solución si se admitiese de una vez esa premisa con todas sus consecuencias. Entre otras razones porque ayudaría a entender en su justo término muchas posturas y pronunciamientos. Por ejemplo, el último de Mariano Rajoy, torpemente vendido, una vez más, por los voceros de papel como un respaldo "inequívoco y rotundo" a la fusión, cuando en realidad el líder nacional de los populares lo que dijo fue que estaría de acuerdo con ella, "si las cajas quieren fusionarse".
Ese empeño en no llamar a las cosas por su nombre sigue siendo un gran lastre para resolver el conflicto de forma satisfactoria para todos, y especialmente para Galicia.
Los ataques desaforados del lobby coruñés contra toda persona, organismo o autoridad que ose no ya cuestionar la conveniencia de la fusión, sino simplemente mostrarse tibios o esquivos ante ella, se han revelado no como un error sino como algo peor, como una estupidez. El Banco de España, el Consejo de Estado, el Gobierno central, el alcalde de Vigo, cámaras de comercio, organizaciones empresariales y hasta destacados líderes del propio PP, tanto nacionales como gallegos, se han visto denostados por negarse a pronunciar el "sí, buana" que los altavoceros de la fusión les exigían impúdicamente desde sus tribunas de papel.
Lo han hecho, además, parapetados tras una supuesta unanimidad de la sociedad gallega que no sostiene ni sus propios sondeos. ¿Acaso es presentable seguir esgrimiendo esa bandera cuando el 60% de los gallegos, es decir, seis de cada diez, no tiene criterio sobre la fusión, no quiere manifestarlo o está abiertamente en contra de la misma?
Parecen, en fin, empeñados en certificar el viejo adagio periodístico de que la verdad es siempre la primera víctima de una guerra, sea esta militar, política o financiera. Pero la verdad es la verdad dígala Agamenón o su porquero, y no se cambia ni con titulares torticeros, por muy gruesos que sean los cuerpos que se utilicen ni mucho lo que se repitan, ni con ensoñaciones interesadas. ¿De qué sirve anunciar un día sí y otro también encuentros supuestamente trascendentales para solucionar el conflicto, como se hizo con el mantenido ayer por Feijóo y De la Vega en Santiago, si éstos carecen de base alguna para sostener tales expectativas?
Pocas veces el fin justifica los medios, y, desgraciadamente, esta no ha sido una de ellas. A unos y otros sólo les queda aprender de los errores y buscar vías de encuentro que, alejadas de fundamentalismos y demagogias gratuitas, persigan en verdad el bien de Galicia desde el respeto a su diversidad y pluralidad, sin dogmatismos ni intransigencias.
Porque los actuales gestores de ambas cajas serán sustituidos o no en función de cómo se modifique la norma, si es que se modifica, y del devenir de los recursos presentados y por presentar; la fusión se llevará finalmente a cabo o no, pero, en cualquier caso, lo que todos deben tener muy presente es que lo que quedará será una ley cuyo objetivo debe ser crear el marco de profesionalidad e independencia que las cajas gallegas necesitan para garantizar su futuro de la única manera que es posible hacerlo, a través de la solvencia y la eficiencia en la gestión. Ése debe ser el espíritu de la ley y sobre él debe vertebrarse cualquier acuerdo.
