Policías y ladrones

La prensa se hace eco de la confirmación por el Tribunal Supremo de una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Almería. El afectado es un inspector jefe de policía al que el tribunal le impuso una pena de 10 meses de prisión por la comisión de un delito de extorsión en grado de tentativa. El tal inspector se ocupaba de la seguridad de una mujer incluida en el programa de protección aplicado por la Unidad de prevención, asistencia y protección a víctimas de violencia de género de la Comisaría de Almería. En el marco de esa relación se enteró de que aquélla tenía intención de vender un piso de su propiedad, exigiéndole entonces 18.000 euros que, en caso de no entregar, conllevaría serios problemas para ella: los derivados de la declaración en su contra en el juicio de divorcio que se tramitase con su marido, diciéndole además que se quedaría sin sus hijos, ya que las medidas que se adoptaran en dicho procedimiento dependían de lo que él informara.
Siempre es una mala noticia que algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad se vea envuelto en asuntos tan turbios, pero se trata, sin duda, de la excepción. Con razón se dice que la policía está compuesta por hombres y mujeres que nacen y crecen en un país determinado y en un concreto momento histórico, y son, por consiguiente, fiel reflejo de la sociedad de la que se nutre. Al igual que sucede con otros colectivos, funciona como una especie de barómetro social, señalando la tendencia. En una sociedad corrupta habrá más policías corruptos, al igual que en una sociedad católica habrá más policías católicos y en una con sobrepeso habrá más policías gruesos. Por lo tanto, nada tiene de extraño que con alguna frecuencia tengamos noticia de agentes del orden condenados por delitos de toda clase (tráfico de drogas, cohecho, lesiones, etc.), como las tenemos de médicos, sacerdotes, abogados, profesores, camioneros o empresarios.
Aunque sea llamativo que un policía extorsione (como también lo es que un cura abuse sexualmente de niños o que un juez prevarique), no debemos hacer categoría de la anécdota, pues las fuerzas del orden españolas siempre han destacado por su elevado grado de profesionalidad, ejemplar servicio a los demás y, hoy por hoy y sin ambages, por su compromiso inequívoco con los valores democráticos. Pero lo que ha llamado poderosamente la atención del caso, mereciendo tratamiento periodístico, es el contexto en que se produjo el delito: con ocasión de las labores de protección de una presunta víctima de violencia de género. Lejos de amparar como un ángel custodio a la mujer desamparada se aprovechó, por una parte, de la debilidad de su víctima, y por otra, de su carácter público amenazándola con interferir, nada menos, que en un procedimiento judicial de divorcio. Es decir, que además de extorsionar a la mujer vulnerando su sentimiento de tranquilidad, su libertad de decisión y tratando de lesionar su derecho de propiedad (finalmente no consiguió la entrega), estaba casi anunciando que iba a consumar un posterior delito contra la administración de justicia queriendo comprometer la hipotética concesión de la tutela de sus hijos. Por fortuna, se trata de un hecho aislado, porque nada hay más fácil que hacer leña del árbol caído, sobre todo si se trata de un leñador corpulento y la madera es frágil.
Además de lo anterior, esta noticia supone un peligro añadido, y es la desconfianza que pudiera llegar a albergarse acerca de los procesos de selección del personal encargado de llevar a cabo las tareas de protección de amenazados. Pero nuevamente hay que descartar esos fantasmas porque, aunque la seguridad absoluta no existe, la posibilidad de que se "cuele" alguien como el ahora condenado por el Tribunal Supremo es muy baja. La inmensa mayoría son excelentes profesionales que, con frecuencia, dan mucho más de lo que les es exigible, invirtiendo tiempo, desvelos y afecto hacia sus protegidos.