El país de los agravios

Desde los ya remotos tiempos de la conquista de Galicia por Décimo Junio Bruto, los gallegos son gente que disfruta padeciendo ultrajes, lamiéndose las heridas y echándole la culpa de todos sus males a los romanos, a los turcos, a los portugueses y al mundo en general. Más allá del tópico, habrá que reconocer que algo llorones sí que somos.
No hay más que ver lo que ocurre con el cada día más intrincado asunto de las cajas de ahorro. La fusión ha derivado en confusión hasta el extremo de que el número de agraviados no para de crecer a medida que los alcaldes, la Xunta, el Gobierno, el Banco de España, el Consejo de Estado y hasta el sursum corda van echando su cuarto a espadas en esta cuestión, tan aburrida como en teoría suelen serlo todas las relacionadas con las finanzas.
Aquí, en cambio, la natural tendencia al victimismo de los gallegos ha conseguido que resulte atractiva para el público una polémica basada en conceptos tan abstrusos como el “core capital”, el “Tier 1”, los recursos propios computables o la no menos misteriosa “Ratio Bis II”. De todo ello discuten con fluidez e ignorancia las partes implicadas en este combate bancario que no deja de generar nuevas víctimas y agravios a medida que la porfía va ganando en intensidad.
Maltratado en sus dominios municipales se siente, por ejemplo, el alcalde de Vigo Abel Caballero, quien ha recurrido a la convocatoria de una manifestación ciudadana para defender a su ciudad –o a su Caja, o a las dos– del intento de abordaje casi pirático que a su juicio se dispone a perpetrar la otra Caja rival con el auxilio de la Xunta. Pero no es el único que barrunta amenazas de invasión de su territorio.
También el Gobierno central interpreta que el Parlamento gallego ha irrumpido al asalto en algunas de las competencias que le son propias con la aprobación de la Ley de Cajas de Galicia. Para evitarlo, el Consejo de Ministros que preside Zapatero no dudó en pedir informes al Consejo de Estado con el propósito de recurrir el mentado texto ante el Tribunal Constitucional y paralizar así, en la práctica, el proyecto de caja única gallega impulsado por Alberto Núñez Feijóo.
Lógicamente, la Xunta de Feijóo se siente ofendida a su vez por el cerco que el Gobierno ha puesto a la fusión de las cajas galaicas. Se trataría además, en este caso, de un peligroso agravio comparativo, habida cuenta de que los jerarcas con sede en La Moncloa no pusieron reparo alguno a las iniciativas similares –si no idénticas– adoptadas ya en Andalucía, Cataluña y otros territorios autónomos. Lo que aquí es piedra de escándalo y hasta motivo para acudir a los jueces constitucionales, no pasa de ser un asunto de lo más rutinario en esos felices reinos.
Quejosos por la misma razón, los nacionalistas del Bloque –que sostienen con sus votos en Vigo al alcalde Caballero– no han vacilado en calificar de “chantaje” la actitud del Gobierno y, a modo de represalia, sugieren impugnar a su vez el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria por invasión de competencias. Fácilmente se observa, en fin, que las posibilidades de multiplicación del caos en un asunto tan delicado e incluso frágil como el de la banca empiezan a no tener límite. Y todo a partir de un simple proceso de fusión intrarregional de dos cajas, que ya es decir.
Lo único relativamente claro en esta cada vez más enmarañada madeja de recursos, manifestaciones, réplicas y contrarréplicas es que los gallegos vivimos en el país de los agravios. Ofendida la Xunta por el ataque del Gobierno; agraviado el alcalde vigués por la actitud de la Xunta; desairados los nacionalistas por la postura de estos dos últimos y poco entusiastas también algunos de los directivos de las dos cajas llamadas a contraer matrimonio, la obvia conclusión es que aquí nadie está contento. Será que los gallegos tenemos siempre un problema para cada solución.
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