Así que, expuesto el esquema del proyecto de defensa del litoral gallego, quizá proceda un par de reflexiones ahora que todavía hay poco ruido. La primera para subrayar que el espíritu de la Xunta -a juzgar por lo que dijo su presidente-, está en línea con el más exigente de los breviarios medioambientales. La segunda, que lo que se conoce de la letra es razonable, teniendo en cuenta lo que hay y lo que se quiere.
(Puestos a buscar, podría hallarse en el proyecto un defecto casi original; que se presente antes de aprobarse las directrices de ordenación del territorio. Algunos expertos advirtieron de que aquí el orden de factores sí podría alterar el producto y que, al ser la del litoral una parte del todo a ordenar, quizá se altere el resultado deseable, y no está el horno como para esos bollos.)
En todo caso, y a partir de la idea de que espíritu y letra encajan de un modo más que aceptable y de que el propio señor Núñez Feijóo lo planteó en su presentación, no hay motivos para dudar de que es posible un gran acuerdo parlamentario. Que le daría al proyecto estabilidad política y a su aplicación seguridad jurídica, condiciones claves ambas para un desarrollo sostenible y próspero en asuntos tan delicados.
Así las cosas, conviene no olvidar que en el camino del acuerdo hay ya trechos recorridos. El primero, la oferta genérica del jefe del ejecutivo, aunque aún haya de fijarse en términos parlamentarios. El segundo, más antiguo, la propuesta de un gran pacto por el territorio que hace unos meses cursó el secretario general del PSdeG y en términos aritméticos jefe de la oposición.
Ahora mismo, y a poco que se pretenda de verdad un entendimiento, no hay grandes obstáculos. Se puede discutir, como es lógico, el número de hectáreas costeras a afectar y la anchura de la franja litoral, pero ni ahí aparecen diferencias insalvables. Fabricarlas desde las partes para justificar un desacuerdo sería muy difícil de explicar y todavía más de aceptar por la sociedad gallega.
Desde la orilla socialista se ha aludido ya a la exigible coherencia de la Xunta entre lo que se dice y lo que se hace, y se citó como un mal indicio el caso de la granja marina de Muxía. Y a poco que se recuerde lo que pasó con él en estos últimos cuatro años, el ejemplo parece más una excusa para reñir que un motivo para discrepar en serio. Y también un pretexto del que echar mano por si fallasen otros cálculos, incluidos los electorales, algo que siempre es posible.
¿O no...?