Así pues, en el día de debate de la moción de censura que provocará el cambio en la alcaldía de Porriño, no estarán de más algunas reflexiones. Sobre todo para recordar ciertas cosas que, a día de hoy, parecen a punto de olvidarse y no deberían. Y es que la lucha contra la amnesia es, en política, tan útil como la solicitud de coherencia en quienes están en la res pública. Más que nada para que todo el resto sepa con quién se juega los cuartos.
A partir de ahí hay que darle razón a los que rechazan la comparación de la censura en Porriño con otras ocurridas en los últimos tiempos y en las que de un modo u otro intervino el PP como elemento motor. Lo que va a pasar hoy no es un apaño con tránsfugas y por tanto no vulnera acuerdos, pactos "de caballeros" o instrucciones específicas de partidos. Es pues, en ese sentido, tan legal como las otras pero más legítima, que diría un purista.
La razón es sencilla: quienes firman la moción son fuerzas políticas afines, de derecha o centroderecha, ninguna de ellas se formó con ediles que cambiaron de sitio en plena legislatura. La suma de sus votos es, por tanto y en cierto modo, reflejo de la voluntad de los ciudadanos, que es lo que ha dicho el alcalde in pectore don Héctor Santos, que fue aún más allá y añadió que la censura "restituye la normalidad institucional". Pero eso es un error.
La razón de que se equivoque -aunque hay otras opiniones- es la misma por la que el hoy alcaldable no lo fue hasta ahora: porque hubo menos gente en Porriño a su favor que la que apoyaba al Bloque o al PP, y por tanto "lo normal" sería que otros accedieran a la alcaldía porque los respalda más gente. Pero luego vienen los acuerdos y la voluntad expresa de los vecinos se sustituye por interpretaciones, y sale otra cosa distinta.
Ese factor posterior, que decide más que las urnas es el que arroja sombras sobre la operación. Quienes en Porriño votaron al PP, pudiendo haberlo hecho a don Héctor, no le querían de alcalde; y que ahora lo vaya a ser es una repetición del modelo de afinidad que en otros municipios aplican BNG y PSdeG y que el PP tanto condena: quitarle la alcaldía a la lista más votada. Y eso invalida las quejas populares, sobre todo cuando sus concejales superan a los del nuevo alcalde.
Todo eso, y más que podría añadirse, robustece la opinión de muchos sobre la urgencia de modificar la Ley Electoral para garantizar mejor la libre voluntad de las urnas, sin interpretadores y sin amnesia.
¿No...?
