El Gobierno gallego acaba de presentar el Plan de Ordenación do Litoral (POL) con el que pretende regular la construcción en la costa y que quiere aprobar antes de finalizar el año. La norma, que ahora será expuesta para dar audiencia a los concellos afectados, grupos políticos y asociaciones, pondrá punto final a la prohibición todavía vigente de edificar en los primeros 500 metros de costa, una medida impuesta por el bipartito con el objetivo de preservar esta franja tan delicada de nuestro territorio pero cuya aplicación por la vía de urgencia fue cuestionada por su carácter generalista.
El POL persigue el mismo objetivo de proteger el litoral, pero intenta hacerlo compatible con una cierta actividad económica ordenada y respetuosa con el entorno. El documento regula 210.000 hectáreas del litoral, siguiendo una línea irregular a lo largo de la costa. Hay tramos en los que no supera el límite de los 500 metros y en otros se adentra un par de kilómetros hacia el interior. En términos generales establece la prohibición de edificar en 67.144 hectáreas (48.600 en primera línea de playa, la denominada zona de protección ambiental) mientras que en otras 48.826 (la franja situada a continuación de aquella zona) se fijan restricciones para los nuevos desarrollos urbanísticos de forma que se impedirán las urbanizaciones aisladas o que las poblaciones se alarguen siguiendo el trazado de la carretera hasta agruparse. En el resto, el área más interior, se da total libertad a los ayuntamientos en sus planes urbanísticos. Con respecto a la polémica norma de los 500 metros de mayo de 2007, el veto al ladrillo afectará a 1.300 hectáreas de suelo catalogado como urbanizable en los planeamientos municipales (siempre fuera de los núcleos urbanos y rurales), menos de la mitad de las 3.000 fijadas por el bipartito.
El Gobierno de Feijóo ha hecho los deberes de presentar el POL dentro del plazo prometido. Está por ver ahora si será capaz de conseguir el acuerdo al que llamó, el día de presentación de la norma, tanto a la oposición como a los colectivos empresariales y ciudadanos afectados. En principio, a los concellos les suena bien la música de la nueva partitura, a falta de conocer la letra definitiva. Será entonces cuando sepan realmente cómo les afectará en sus respectivos términos municipales, o, lo que es lo mismo, qué presiones deberán afrontar de promotoras, empresas y particulares.
La oposición ha reaccionado de manera dispar. A los nacionalistas les ha faltado tiempo para cargar contra el plan, al considerar que da alas a la destrucción y el desorden urbanístico en la costa. Los socialistas, por su parte, lo tachan de inconcreto y critican que haya sido elaborado al margen del parlamento. Pese a todo, creen que hay espacio suficiente para alcanzar un gran acuerdo sobre el urbanismo que englobe las directrices de Ordenación del Territorio, el Plan Litoral y la nueva ley del suelo. Al sector de la construcción, a falta también de conocer la letra pequeña, le parecen correctas las delimitaciones geográficas que marca el documento, aunque se queja de que no se les haya llamado para consensuar con ellos el marco normativo tal como se les prometió.
Las discrepancias son lógicas, pero el objetivo irrenunciable: sentar las bases para un urbanismo respetuoso con el entorno natural, de enorme riqueza, y compatible con un desarrollo económico sostenible. Esa es la piedra angular de la nueva norma. La política del todo vale debe ser definitivamente erradicada. En nuestras costas y rías existen, por desgracia, ejemplos más que suficientes de actuaciones aberrantes, y, lo que es aún peor, irreparables.
Para evitarlo, es necesario calificar de forma nítida el suelo, sin dejar opción a convenios urbanísticos que puedan convertirse en focos de corrupción. Urge también agilizar los planes de ordenación en los concellos y someterlos antes de su aprobación a los más exhaustivos controles de legalidad y transparencia para evitar desmanes, corruptelas o daños irreparables a ciudadanos que, como en el caso reciente de A Guarda, compran de buena fe viviendas con su licencia en regla que después los tribunales obligan a derribar.
Un urbanismo sin seguridad jurídica acaba causando graves problemas a todos. Durante años, las administraciones gallegas se mostraron irresponsablemente complacientes, incluso hasta cómplices, con el deterioro de nuestras rías y costas. La falta de escrúpulos de muchos alcaldes permitió ocupaciones masivas de espacios del litoral que hoy han perdido todo su encanto y singularidad.
El hecho de que el diseño del nuevo plan coincida con una etapa de recesión económica y, por tanto, de parón inmobiliario debe hacer más fácil los acuerdos necesarios para su correcto desarrollo. Es verdad que el importante sector de la construcción o el turístico generan riqueza y deben por tanto ser atendidos en sus planteamientos, pero también lo es que sólo con un urbanismo y un turismo de calidad, que salvaguarde el patrimonio natural y medioambiental, que aprecie nuestro ecosistema y nuestra historia, podemos competir con otras comunidades con más tradición y mejor protección. Se trata, en definitiva, de sentar las bases del urbanismo del siglo XXI, no de promover más actuación cortoplacistas que, como en casos anteriores, resultarán insuficientes para evitar nuevas agresiones irreparables al privilegiado entorno natural de la costa gallega.
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