El disfraz

Ahora mismo, tal y como están las cosas, a nadie le cabe duda ya de que el paro es el principal de los problemas que tiene planteados esta sociedad y, por tanto, que a la lucha contra él han de aplicarse todos los recursos disponibles. Incluyendo la eliminación de algunos métodos con los que no pocas grandes empresas -y algunas medianas- utilizan para ahorrar costes y disfrazar despidos.
Uno de ellos, y no precisamente el último, es el de las prejubilaciones. Se trata de un procedimiento legal, pero concebido para otro uso, por el cual se busca de una parte aliviar los costes de personal de las empresas y de otra evitar el paro de los trabajadores. Eso hace que reciba casi siempre una especie de placet de los sindicatos, que aplican el refrán según el que "del mal, el menos" en la medida en que resulta mejor para los prejubilados irse a casa que a la oficina de empleo.
Ocurre que, además, eso significa otras cosas no tan aparentemente gratas. Por ejemplo, que lejos de ser un recurso para generar empleo -sustituyendo a los que se van por otros que llegan y que resultan más "baratos" aunque sólo sea porque no cobran antigüedad-, muchas veces se sustituye por más trabajo y horas extra para los que se quedan. Y eso resulta discutible como filosofía laboral y como práctica sindical
Pero no es sólo eso. Utilizadas como disfraz de regulaciones de plantilla en force, las prejubilaciones resultan insolidarias: mejoran las cuentas de resultados de las empresas, e incluso aumentan sus beneficios, pero a costa de que la carga se asuma por el sistema y, por tanto, recaiga sobre la sociedad en su conjunto. Además de perjudicar a muchos prejubilados, que dejan de percibir una parte de las retribuciones que les corresponden en activo.
El ejemplo más flagrante de la insolidaridad del método y de su desigualdad es el de muchas empresas públicas o semipúblicas, en las que para facilitar privatizaciones, fusiones e incluso pelotazos se primó el retiro anticipado con indemnizaciones que en no pocos casos fueron plurimillonarias. Y que se haga eso desde el poder público en tiempos como los que corren, cuando hay cuatro millones y medio de personas sin empleo y muchas sin subsidio, no es sólo una injusticia sino también una indecencia.
Es posible que el método no haya de suprimirse de raíz, pero desde luego sí controlarse. La cuestión es que faltan medios y, quizás, voluntad real.
¿O no...?