Ahora que empieza a faltar dinero para el pago de pensiones –aunque a los jubilados se les recorte este año la paga–, el Gobierno ha tenido una feliz idea que acaso ayude a resolver tan espinoso asunto. Consiste en que los españoles trabajen más, o al menos durante más tiempo, mediante una prórroga de dos años en la edad de jubilación que pasará gradualmente de los actuales 65 tacos de almanaque a los 67. Nada más natural si se tiene en cuenta que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en este país y los otrora llamados viejos están de lo más rufo y saludable.
No habrá que encarecer las ventajas de semejante medida. La Seguridad Social se ahorrará un bienio de gasto en pensionistas al mismo tiempo que la prolongación de la vida laboral de los trabajadores redundará sin duda en la mejora de la economía del país. Los únicos perjudicados habrán de ser, en apariencia, aquellos currantes que vean aplazada en un par de años su jubilación; pero a cambio les queda el gozo –y hasta el orgullo– de saber que su sacrificio se justifica por los altos intereses financieros de la Patria.
Alguien tenía que sufragar los gastos de la fiesta que España ha vivido durante los últimos años y, como suele suceder en estos casos, el abono de la factura corresponde a los trabajadores. Son ellos y no los banqueros ni los rentistas quienes pagarán con dos años extra de trabajos forzados el derroche de caudales al que tan alegremente se ha entregado hasta ahora el Gobierno.
Al calor de la industria del ladrillo y de su prosperidad de cartón-piedra, el Consejo de Ministros presidido por Zapatero tiró efectivamente la casa por la ventana. Generoso como cualquiera al que le hubiese tocado la lotería de los Presupuestos del Estado, el Gobierno puso barra libre en el Bar España y no paró de pagar rondas a la clientela mientras duró la bonanza. Cierto es que el convite se hacía a cuenta de los impuestos de los propios invitados; pero a nadie le amarga un dulce aunque lo pague de su bolsillo.
Apenas quedó alguien sin regalo durante la feliz época en la que el Gobierno ejerció de Papá Noel a tiempo completo. Había cheques de ayuda al alquiler para los jóvenes; pagas de 2.500 euros a los padres por cada niño facturado; promesas de mejores pensiones para los abuelos; bonos-descuento para comprar coche; ordenadores gratis para los escolares e incluso un soborno de 400 euros por votante en vísperas de elecciones. Tampoco los banqueros tuvieron queja, contra lo que pudiera parecer. El Gobierno que tan mal habla del capitalismo no dudó en regar su negocio con varios miles de millones de euros en previsión de que alguna de esas benéficas instituciones financieras se fuera al garete.
Los agoreros de costumbre sugirieron ya entonces que esa tendencia al gasto público sin tasa acabaría por vaciar las arcas del Estado si los destinos del país se siguieran rigiendo por los principios de la Tómbola del Cubo. Alegaban los cenizos que ni España ni cualquier otro país –por rico que fuera– podía permitirse tales dispendios, pero nada de eso disuadió a Zapatero de mantener su política neoperonista de compra del voto mediante la oferta de muñecas chochonas o, llegado el caso, dinero en efectivo.
Lejos de corregir su prodigalidad con el dinero del contribuyente, el Gobierno no paró de idear nuevos regalos de coste multimillonario con los que obsequiar a sus potenciales electores. Y lo peor de todo es que hacía la ritual pregunta: “¿Cuánto se debe aquí?” antes de conocer siquiera el coste de la ronda. El Bar España daba para todo.
Un poco tardíamente, Zapatero y sus ministros y ministras parecen caer ahora en la cuenta de que el dinero no cae del cielo ni crece en los árboles. Pero todo tiene arreglo, como es natural. Basta con que los españoles trabajen dos años más y asunto solucionado. La resaca de la fiesta va a ser dura.
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