Así que, leído lo dicho en este periódico por el señor conselleiro de Economía sobre las cajas, no cabe menos que agradecérselo. Y no porque resulte ejemplo de coherencia, sino porque contribuye a algo cada vez más necesario: el ejercicio de una cierta pedagogía que sirva para entender la mecánica mental de algunos políticos, aunque sean de medio pelo.
El caso de su señoría don Javier es uno de esos. Con una desfachatez pocas veces vista –y en Galicia hay muchos ejemplos, conste–, el conselleiro se permite el lujo de atribuir a los vigueses nada menos que un papel decisivo en la supuesta futura caja única. Y como nadie les preguntó, una de dos. O habla por hablar o es un cínico dispuesto a todo para cumplir las consignas del lobby que dirige esta opereta.
Claro que, quizá porque no hay mal que por bien no venga, el señor Guerra, quizá llevado por el entusiasmo que pone en la tarea, reconoce algo que todo el mundo sabe y que la Xunta y sus aliados de la UPG pretenden ocultar: que hay un enorme rechazo al fondo y a la forma del golpe financiero. Y por eso añade que esa sensación cambiará en su día.
El problema para él es que carece de datos y por tanto sólo expresa un deseo que está por ver. Hoy por hoy lo probable es que si en la campaña electoral hubiesen dicho lo que ahora los habrían corrido a gorrazos no pocos de los que los votaron. Y eso no es ficción: es la evidencia de lo que opinan en público colectivos de clara afinidad al PP, y no pocos militantes, aunque en privado por si acaso.
Y es que el motivo del rechazo no es sólo la excusa que la Xunta se inventó para ocultar que favorece a sus amigos ni el grosero modo de justificarla con auditorías ad hoc. Es porque muchos ciudadanos se sienten engañados por gentes como este conselleiro Guerra. Que o no sabía lo que iba a pasar, lo que ya es malo para un cargo electo por los afectados, o lo ocultó, que es aún peor.
Sea como fuere, por dolo –político– directo o eventual, don Javier Guerra carece de legitimidad para hablar sobre las cajas en nombre de una sociedad a la que no informó. Y, al igual que se alega en el caso lingüístico, tampoco la tiene una mayoría parlamentaria para legislar sobre asuntos que no fueron sometidos previamente al veredicto del pueblo al que se dice representar.
Así, su señoría puede seguir cumpliendo órdenes y mareando la perdiz hasta que se aburra, pero no cambiará la naturaleza real de las cosas.
¿Eh...?