¿Qui prodest? ¿A quién beneficia?

¿Es importante el Puerto de Vigo para la economía de la ciudad y el mantenimiento del empleo? En los dos últimos años la ciudad de Vigo ha sumado 10.000 parados más. Ni Plan E ni nada pudieron frenar la pérdida de empleos.
El Puerto, motor de la economía de Galicia, donde trabajan más de 1.000 empresas, recibe un varapalo que causará daños irreparables.
Está claro que para que el Puerto de Vigo siga siendo competitivo tenía que hacer lo que otros puertos están haciendo, es decir, las infraestructuras y obras necesarias para poder seguir siendo escala fundamental en los tráficos internacionales. Canal de Panamá, Canal de Suéz, Canal de la Mancha... todos tienen o tendrán un mínimo de 14,5 metros de calado. Si el Puerto de Vigo no tiene este calado, los nuevos buques no podrán venir.
Por otra parte, durante los años que en este Puerto no se hicieron obras por distintas causas, perdimos un tiempo precioso y fondos de la UE. Y ahora que tenemos 37,5 millones de euros de Fondos de Cohesión, podemos también perderlos con esta paralización.
¿Qué está pasando? ¿A quién beneficia? ¿Qui prodest? Había un proyecto anterior, con una ocupación sobre la lámina de agua de 120.000 m2, que el Tribunal Superior de Justicia validó legalmente en todos sus extremos.
Desde la A.P.V. se entendió que, aunque dicho proyecto tenía todas las bendiciones, despertaba un amplio rechazo y se juzgó, por ello, que si era suficiente con menos extensión, un nuevo proyecto, de menor dimensión, sería mejor recibido por la mayoría, al mismo tiempo que se daba solución al futuro del Puerto.
En consecuencia, se sustituyó el proyecto primitivo de 120.000 m2 por otro de 49.200 m2, aunque el Tribunal Superior de Justicia había afirmado, sin posibilidad ya de réplica, que la ejecución del primero, más barato, pero mucho más lesivo, estaría plenamente amparado por la ley.
El proyecto inicial había sido objeto de un informe ambiental favorable, íntegramente refrendado por el Tribunal Superior de Justicia. Y dicho informe era, con toda razón, extensible al nuevo proyecto, dada su menor dimensión e incidencia ambiental, tal y como declaró expresamente la directora general de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, reiterando otro informe previo, en idéntico sentido, emitido por el Presidente de Puertos del Estado. Tal decisión ha merecido, sin embargo, a la Fiscalía la calificación de "prevaricación", siendo su criterio literalmente asumido por la juez instructora, que ha acordado, como consecuencia, la paralización indefinida de las obras.
Impugnada la decisión judicial por la Autoridad Portuaria, se ha dictado una segunda resolución (idénticamente espoleada por la Fiscalía) en la que no sólo no se retira dicha imputación, sino que se extiende (luego de no haberlos ni nombrado en el auto inicial) a todos los órganos de la Autoridad Portuaria implicados en el proyecto, por (se afirma) haber permitido su ejecución omitiendo los requisitos de planeamiento establecidos por la Ley de Puertos, consistentes, al parecer, en la previa aprobación de un Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP).
No voy a ocuparme de analizar legalmente tales imputaciones. Basta con señalar que el Servicio Jurídico del Estado (al que cabe suponer que nadie tachará de partidista) las ha juzgado como enteramente insostenibles y se dispone a impugnarlas ante la Audiencia Provincial.
Puertos como el de Ceuta, Melilla, Málaga, Sevilla y Valencia, todos, han hecho y están haciendo obras, algunas infinitamente mayores que la del Arenal, careciendo del PUEP exigido al de Vigo, sin que, no obstante, tales iniciativas hayan merecido reacción alguna de fiscales o jueces.
Tales obras van a situar a los distintos puertos estatales en una posición infinitamente mejor al de Vigo. Aquí cabe, pues, situar a los primeros beneficiarios de la paralización acordada, que hiere de muerte la competitividad de nuestro Puerto. Pero esos beneficiarios no son, desde luego, los únicos.
La paralización permite encubrir la incompetencia de los que basaron su gestión portuaria en infografías y maquetas en lugar de afrontar problemas y realizar proyectos pendientes. Y, obviamente, sirve plenamente a los fines de quienes persiguen obsesivamente paralizar todas y cada una de las obras puestas en marcha por el Puerto de Vigo.
Creo firmemente en la Justicia. Pero esa fe exige dos valores que se echan en falta en la decisión judicial: ecuanimidad y rigor. Sus consecuencias serán pagadas por el gran motor económico y social de la ciudad y, por ello, y a la postre, por los vigueses. Sólo resta, por ello, esperar que la balanza de la Justicia vuelva a ser equilibrada por quien corresponde.