Al amparo de la reorganización del sistema financiero español causada por la profunda crisis económica y financiera global, estamos asistiendo en Galicia a una campaña político-mediática inédita en esta Comunidad Autónoma.

Bajo una falsa defensa de los intereses generales se están ocultando otro tipo de cuestiones políticas y mediáticas que es necesario denunciar. Es grave que existan intereses ocultos, pero es más todavía que para defenderlos se acuda a la mentira y la manipulación más escandalosa.

Ante la ¿aparente? desinformación que practican algunos, es necesario precisar algunos conceptos. El llamado SIP (Sistema Integral de Protección), es un mecanismo que cuenta con el beneplácito del Banco de España, como ha reconocido públicamente, y que implica la puesta en común por parte de las entidades integradas de aquellos ámbitos del negocio financiero que consideren oportuno para reforzar su solvencia. Pero en absoluto significa ni la pérdida de la identidad territorial ni de la capacidad de decisión de cada una de ellas.

En este contexto, Caixanova continuaría teniendo su sede social en Vigo, pagaría sus impuestos aquí y desde aquí se tomarían las decisiones que incumben a la obra social. Todo seguiría exactamente igual que ahora en este sentido y cualquier información que intente desmentir esta situación será interesada y torticera.

Sería, para entendernos, la formación de una UTE (Unión Temporal de Empresas) entre las cajas participantes. El ejemplo lo conocemos todos, cuando las grandes empresas constructoras forman una UTE para abordar una gran obra, no desaparecen ni ellas ni cambian sus centros de decisión. Todo lo demás son medias verdades interesadas que se parecen cada vez más a mentiras.

En este tema, sólo en éste, la posición de la Xunta de Galicia y de su presidente, Núñez Feijóo es radicalmente diferente a la que defiende su partido, tanto en Madrid, como en otras comunidades autónomas ¿Por qué a los gobiernos de Murcia, La Rioja o Canarias –en esta última gobierna en coalición- les resultan aceptables los SIP interregionales como método de refuerzo de sus cajas de ahorro y al de Galicia no?

Yo, desde luego, tengo una hipótesis. El presidente Feijóo no dice la verdad cuando manifiesta que "rechaza las fusiones políticas y las fusiones obligadas".... Por sus obras los conoceréis…

En el mes de diciembre de 2009, asistimos en el Parlamento de Galicia a la tramitación "exprés" de una Ley de Cajas que está diseñada para cumplir la voluntad política del Partido Popular de Galicia, es decir, sustituir a las directivas de las entidades financieras que no se pliegan a sus deseos.

Núñez Feijóo consiguió imponer el intervencionismo y la politización de las que reniega en público. La doble moral de los conservadores reaparece en este tema, como en tantos otros. Se les llena la boca con la no intervención del ámbito público en la economía, pero en cuanto tienen oportunidad se abalanzan desde la política al poder económico. Y lo hacen sin complejos.

Con esta ley, además, la obra social de las cajas va a depender del Partido Popular, ya que cada inversión que supere los 166.000 euros anuales estará sometida a una decisión política, algo que no se ha planteado en ninguna otra comunidad. Se consolida así el intervencionismo, y se abre la puerta a la arbitrariedad de la Xunta sobre las inversiones de la obra social a la hora de autorizar estas partidas en función del color político de los ayuntamientos.

Además, esta norma está diseñada para imponer las tesis del Partido Popular de Galicia en relación con las futuras alianzas. Con la nueva ley, las cajas estarán más politizadas, hasta el tope del 50% de los integrantes de sus directivas, serán menos independientes, menos profesionales y más vulnerables.

Este afán de control del presidente de la Xunta va a obligar a cambiar el 75% de las directivas en un momento en que hay que tomar las decisiones más complejas, con lo que se olvida del objetivo de la solvencia de las entidades para sacrificarlo en favor de su propio control político. El presidente Feijóo ha legislado contra los grandes ayuntamientos, especialmente contra el de Vigo, al disminuir la participación de las entidades fundadoras. En este punto los intereses de PP priman de forma tan clara que el silencio de este partido en Vigo resulta vergonzoso e indigno.

Como vemos, asistimos a toda una red de estrategias políticas e informativas que tienen un objetivo claro: que el Partido Popular consiga hacerse con el control de una ¿futura? única caja de ahorros en Galicia, que tendría su sede en A Coruña, y que a la vez reforzaría la posición de grupos mediáticos de esa ciudad.

Éste es el objetivo, y para conseguirlo vale todo: desde dosieres con información parcial e incompleta, reconocido por la propia conselleira de Hacienda, hasta "medias verdades" y "medias mentiras" reproducidas y publicadas sin rubor. Enhorabuena al alcalde de Vigo por liderar, con los socialistas detrás, la respuesta a este ataque sistemático y premeditado a los intereses del conjunto de los ciudadanos.