La Xunta ha presentado "in extremis", a pocas horas del plazo de fin de año que se había marcado, el borrador del nuevo decreto sobre el gallego en las aulas. A la vista de las primeras reacciones que se han producido, algunas incluso antes de darse a conocer oficialmente el contenido del decreto, es evidente que la nueva normativa no satisface a ninguna de las plataformas que simbolizan el conflicto lingüístico.
El modelo propuesto por el Gobierno de Feijóo, que sustituirá el próximo año al polémico decreto del bipartito que obliga a impartir un mínimo del 50% de las clases en gallego, apuesta por una enseñanza trilingüe –un tercio de las asignaturas en gallego, otro en castellano e igual porcentaje en inglés o francés– y defiende un equilibrio entre las lenguas cooficiales. No obstante, dado que el tercio reservado a un idioma extranjero no podrá cumplirse a corto plazo ante la falta de recursos y profesorado, ese cupo se repartirá mientras entre el gallego y el castellano, de manera que el porcentaje quedará distribuido a partes iguales.
El presidente Feijóo, que en el fragor de la campaña electoral se comprometió no sólo a derogar el decreto del bipartito, por estimarlo una imposición, sino a dejar a los padres escoger la lengua de estudio de las asignaturas troncales como reclamaba Galicia Bilingüe, justifica el incumplimiento parcial de lo prometido ante la obligación de no colisionar con la Lei de Normalización Lingüística, colisión que, así y todo, Queremos Galego cree que se ha producido.
Amparándose en ese imperativo legal, la capacidad plena de los padres para elegir el idioma se circunscribe a la Educación Infantil, en la que también se introducirá la otra lengua cooficial. En Primaria y en Secundaria, los progenitores sólo podrán elegir el idioma de una asignatura en Primaria (o Coñecemento do Medio o Matemáticas) y de dos en Secundaria (Matemáticas y Ciencias Sociais). Para las demás, Educación traslada la responsabilidad a los centros. Serán los consellos escolares –donde están representados profesores, padres y alumnos– los que decidan en qué lengua se imparte el resto de asignaturas después de escuchar la opinión de los padres, cumpliendo siempre con el obligado equilibrio, un proceso que sin duda generará también polémica. Sí permite el nuevo decreto que los alumnos puedan hablar, escribir, hacer los exámenes y utilizar los libros de texto en el idioma que deseen, otra de las promesas que Feijóo lanzó durante la campaña electoral.
Las líneas básicas de la norma han indignado a Galicia Bilingüe. Los responsables de este colectivo se han apresurado a tachar de "engaño y tomadura de pelo" el borrador del PP, máxime cuando destacados dirigentes de este partido, incluso de ámbito nacional, y hasta miembros del actual ejecutivo gallego, así como muy significados líderes locales, llegaron a participar en la manifestación convocada por esta plataforma en la víspera de las últimas elecciones autonómicas que dieron el triunfo a Feijóo. Para este colectivo, la norma "deja una puerta abierta a que en el futuro volvamos a estar en la situación en la que estábamos.
Y en donde Galicia Bilingüe encuentra graves defectos, la plataforma en pro de la normalización "Queremos Galego" los ve igualmente tan graves o más, aunque desde la otra orilla. Este colectivo ya ha convocado para el próximo día 21 una huelga en la enseñanza contra el proyecto de la Xunta al apreciar en él "una política de exterminio" hacia el gallego en la enseñanza. A su juicio, la ley que desarrolla el proceso de galleguización en las aulas exige que el mismo sea progresivo y, por tanto, argumenta que no se pueden aprobar normas que reduzcan su presencia con respecto al decreto anterior, que en su opinión es lo que ocurre con el ahora presentado. También el PSOE y el BNG, que formaron el bipartito que dio luz al decreto del gallego todavía vigente, le devuelven los ataques a Feijóo, al que acusan de romper el consenso y "trasladar la tensión y la división contra el idioma a las aulas". La Xunta enviará ahora el borrador del decreto a la comunidad educativa, la Real Academia Galega y el Consello da Cultura en busca de un consenso. A nadie se le oculta la enorme dificultad de conseguirlo. Es cierto que existen sensibilidades sociales divergentes, como las que representan las dos plataformas citadas, y que éstas, por su dinamismo, se han erigido de alguna manera en símbolos del conflicto. Pero no se trata únicamente de contentar a dos asociaciones. Ojalá fuera sólo eso. En Galicia conviven también, desde el punto de vista lingüístico, distintas realidades territoriales, por así llamarlas, como las que representan la Galicia interior y la de las grandes urbes del eje Atlántico, e incluso entre éstas existen claras diferencias sociológicas, por ejemplo de Santiago respecto a Coruña o Vigo.
Eso, sin entrar en el obstáculo que representa desde el punto de vista presupuestario aplicar tal o cual medida, o en el debate sobre los riesgos de crear modelos educativos que pudieran resultar poco integradores cuando no abiertamente excluyentes. La indeclinable obligación de los poderes públicos de proteger y promover una seña de identidad esencial del pueblo gallego, como es su lengua, y hacerlo al mismo tiempo que se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a utilizar libremente, en todo ámbito y situación, las dos lenguas oficiales en el territorio entraña de por sí, en fin, una realidad compleja de gestionar. Añádase a todo ello la promesa electoral y estaremos ante la cuadratura del círculo que el borrador de decreto presentado debía dibujar. El rechazo de unos y otros es consecuencia, precisamente, del intento de elaborar un texto buscando equidad, un punto de equilibrio que atienda las demandas básicas de las partes y al tiempo respetase, claro está, la legislación vigente.
Es en verdad un escenario extremadamente complejo. Pero no es nuevo. Ya estaba ahí cuando el por entonces candidato y en la actualidad presidente Feijóo se metió en él. Hace bien ahora en buscar el consenso. Pero debe ser la propia Xunta quien lo lidere y oriente y quien asuma la responsabilidad del éxito o el fracaso en su consecución. No parece realista pensar, por ejemplo, que el conflicto pueda solucionarse sin más trasladando buena parte de la capacidad de decisión a los consejos escolares. Pese a ese cúmulo de dificultades, el consenso es no sólo posible, sino casi obligatorio. Por el daño enorme que puede causarse al sistema educativo gallego, urgido como nunca de garantizar la excelencia en la formación de las generaciones futuras, en tanto en cuanto representan la mejor garantía de prosperidad y progreso, si cada vez que se produzca una alternancia en la la Xunta se cambia también el decreto correspondiente. Y porque la inmensa mayoría de los gallegos no se merecen padecer más tiempo un conflicto que, como ya dijimos en este mismo espacio editorial, han sabido mantener alejado de la vida diaria y la calle con ejemplar sentido común.
