Una ley para forzar la fusión de Caixanova con Caixa Galicia

El PP y el BNG dejaron la pasada semana lista en comisión la reforma de la Lei de Caixas, que tienen previsto aprobar definitivamente en el pleno de pasado mañana, martes.

El trámite se cumplió en un plis-plas. Las únicas enmiendas reseñables que introdujeron populares y nacionalistas, aquellas encaminadas a limitar al 75% el porcentaje de renovación de los órganos de gobierno, son en realidad meras y obligadas adecuaciones del texto a la legislación vigente para evitar recursos que hubiesen paralizado la aplicación de la ley.

Que llegasen al debate en comisión artículos, como los ahora modificados, que contravenían claramente sentencias del Tribunal Constitucional indica la precipitación con que se ha negociado la reforma de la ley y lo acertado de su bautizo como "ley exprés".

Doblemente acertado. Porque describe una realidad y, al tiempo, sintetiza la pregunta que se siguen haciendo los gallegos. ¿Por qué es necesario aprobar en tan sólo 25 días una ley trascendente y duradera como la reguladora del funcionamiento de las cajas de ahorro? Ni PP ni BNG la han respondido. El PSdeG sí lo ha hecho, en tanto en cuanto se ha desmarcado de una tramitación que inicialmente también había aceptado hacer por esa vía de urgencia.

Argumentar que las prisas responden a la delicada situación que atraviesan las entidades financieras, como consecuencia de la crisis económica, no se sostiene, pues nada hay en el nuevo texto que permita a las cajas afrontar ese reto con armas distintas de las que ya disponen ahora.

La ley es merecidamente "exprés" por otro motivo. Por imponer la renovación de los órganos de gobierno de las cajas en tan sólo dos meses, con la excepción del irrelevante porcentaje antes señalado. El argumento del portavoz popular de que actúan así para evitar un vacío de poder en las entidades no deja de ser paradójico, dado que son ellos, con la precipitada aprobación de la ley, quienes generan ese vacío que con tanta celeridad quieren ahora llenar. ¿Y acaso no lo es también que para cambiar los estatutos de las cajas, mucho menos relevantes, lógicamente, que la propia ley se dé en cambio un plazo de seis meses? En fin, si el objetivo fuese garantizar su galleguidad, basta con la amplia capacidad de veto que el texto confiere a la Xunta.

Los motivos son otros. Lo que ni PP ni BNG quieren explicitar es, dicho lisa y llanamente, que las prisas responden a la necesidad de quitar de los órganos de gestión de Caixanova a los actuales responsables de la entidad por su oposición a los planes del presidente Alberto Núñez Feijóo de fusionar las dos cajas gallegas. Esas son las razones de las prisas.

Es más, la machacona insistencia con que los altavoceros de la fusión siguen erre que erre empeñados en situar como destinatario de la ley al presidente de esa entidad, Julio Fernández Gayoso, hace más explícita aún las intenciones. Son esos mismos propagandistas quienes más malestar generan entre los vigueses con sus provocadoras y gratuitas descalificaciones hacia todo aquel que ose disentir en público con sus criterios. Su sectarismo trasluce, por más que aseguren combatirlo, un localismo, éste sí, que despoja de credibilidad el discurso de la Galicia única. Salvo que esa universalidad pretendan conseguirla intentando, como de hecho intentan, que haya gallegos que no conozcan ninguna argumentación, ni una sola, contraria a la fusión expuesta imparcial y honestamente. Por ejemplo.

Su pueril fervor en resaltar que la edad límite para continuar en los órganos de gestión será 70 años, y no 65 como propugna el propio Bloque, también desnuda sus abyectas intenciones. Y lo hará aún más el nivel de decibelios que adopten cuando llegue el momento de abordar si la renovación que con tanto ardor jalean ahora alcanza, como es de suponer que haga, a los flagrantes casos de nepotismo existentes. No vaya a ser que, cual renacidos lampedusas, pretendan en realidad que todo cambie para que todo siga igual, pero a mayor.

Que un ideario liberal como el de los populares coincida con el de los nacionalistas en una ley crucial para el devenir de las entidades financieras gallegas también merece una explicación. Aunque sea meramente política. El PP ha utilizado al BNG, que tenía presentada en el Parlamento una propuesta para modificar la ley, iniciativa a la cual se sumó, por conveniencia en su carrera contra el reloj. Y, al mismo tiempo, ha usado a la formación nacionalista como escudo en previsión de que su arriesgada apuesta fuese tildada de partidista. Además, claro está, de permitirle dividir a la izquierda y, de esa manera, hacer menos creíble la sensata apelación del PSdeG a una reforma sosegada y encaminada con claridad a garantizar cajas más profesionales y menos sometidas al intervencionismo político.

El BNG, por su parte, ha aprovechado las urgencias del PP para trufar la ley del dirigismo e intervencionismo que históricamente han perseguido, y que el anterior inquilino de San Caetano se atrevió a darles cuando gobernaba con ellos en coalición.

Los nacionalistas se jactan públicamente de que la ley es su ley, mientras que los populares aseguran haberla modificado sustancialmente. En cualquier caso, lo cierto es que, de la noche a la mañana, los demonizados nacionalistas se han convertido cuando menos en codiseñadores de las principales entidades financieras de Galicia bajo un gobierno del PP con mayoría absoluta.

Dar por hecho, como ya se da, que la mayoría de los gestores que resulten elegidos por los mecanismos establecidos en la nueva ley respaldarán los planes de fusión es también revelador sobre el grado de independencia que tendrán esos profesionales afines a quienes piensan encomendar las cajas.

Los actuales gestores serán sustituidos de acuerdo a lo estipulado en la ley o no lo serán, dependiendo del éxito de los recursos legales que previsiblemente serán presentados; la fusión se llevará finalmente a cabo o no, pero, en cualquier caso, lo que quedará será una ley que no contribuirá a crear el marco de profesionalidad e independencia que las cajas gallegas necesitan para garantizar su futuro de la única manera que es posible hacerlo, a través de la solvencia y la eficiencia en la gestión. Ése debería haber sido el espíritu de la ley que el PP y el BNG piensan aprobar el martes. Ése y no unas prisas inconfesables.