Las cajas gallegas tampoco son de los políticos

Nada ha ocurrido en Galicia más relevante desde la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta, el pasado 18 de abril, que el debate abierto sobre el futuro de las cajas de ahorro gallegas. Feijóo, que mantuvo en un principio una posición ambigua, propugna ya abiertamente la fusión de las dos entidades, postura que Caixa Galicia secunda en silencio y a la cual Caixanova se opone con rotundidad y firmeza.

El debate ha ido subiendo de intensidad hasta tornar la discrepancia inicial en polémica y ésta en abierto enfrentamiento, sobre todo con agentes sociales, económicos y políticos de Vigo y, en general, del sur de Galicia, donde se concentra mayoritariamente el rechazo a la fusión.

A lo largo de estos ocho meses, ha habido que separar mucha paja para ver el grano, desmontar mucha patraña que enturbiaba de forma innecesaria el debate. Primero hubo que explicar que la fusión no era una realidad incuestionable, como torpemente algunos voceros se empeñaban en proclamar, sino que, necesariamente, debía ser aprobada por los consejos de administración de ambas entidades. Y en eso estamos. Hubo luego que razonar el dislate de atribuir toda opinión contraria a meros localismos trasnochados o intereses espurios, para a continuación explicar que tampoco era argumento suficiente apelar al tamaño como garantía de solvencia, eficiencia y segura galleguidad. Los intentos de pontificar los dineros del FROB como un regalo caído del cielo, y no como un crédito con intereses de hasta el 10% a devolver en corto espacio de tiempo, que es lo que son, o la supuesta maldad intrínseca del SIP, al que tantas cajas se han apuntado ya en España, fueron otras batallas tan relevantes como innecesarias si el agiprop de la fusión hubiese actuado con más inteligencia y rigor.

Y así hemos llegado a la situación actual, en la cual la fusión o no fusión ha quedado momentáneamente oculta por la polémica tramitación de la nueva ley de cajas de ahorro. Tiempo habrá de pronunciarse sobre lo que empezó siendo una posibilidad y ahora parece querer convertirse en una imposición, pero toca antes aclarar lo que está ocurriendo con la ley.

Los tres partidos pactaron inicialmente tramitarla por el procedimiento de urgencia, pero el PSdeG se ha desmarcado para pedir más tiempo en aras a lograr un gran consenso social. Tienen razón PP y BNG en denunciar el errático proceder de los socialistas, sin duda atribulados aún por el fracaso al que Emilio Pérez Touriño les condujo el pasado 1 de marzo. Pero también la tienen los socialistas cuando reclaman a populares y nacionalistas sosiego y prudencia para abordar una ley que, dada su trascendencia, aconseja ser aprobada con el mayor respaldo posible.

Esgrimir que se está ante una de las decisiones más trascendentes de la reciente historia económica de Galicia y pretender luego ventilarla con una ley elaborada en 25 días y una auditoría cuyas conclusiones se filtran tan sólo 14 días después de haberla encargado, como si estuviese hecha ad hoc, resulta cuando menos sorprendente.

Populares y nacionalistas deben explicar con claridad a la sociedad las razones de esa urgencia si no quieren que, inevitablemente, su actitud genere desconfianza y dé pábulo a quienes sostienen que, lejos de responder a la necesidad de adecuar el texto, la ley es tan sólo una argucia para quitarse de encima a quienes se oponen a la fusión, cuando no una norma a medida contra una persona concreta, que así es como la han vendido, con enorme torpeza, los voceros de la fusión.

Muy pocos en Galicia, fuera de cuatro cenáculos de poder, disponen de datos suficientes para sostener con rigor una postura a favor o en contra de la fusión. Y ahí, en esa carencia de un discurso público y coherente que justifique su supuesta viabilidad y conveniencia radica la raíz última del conflicto generado. Por tanto, a nadie puede extrañar que a los gallegos les resulte muy difícil entender qué impide dedicar un mes más al estudio y debate de la ley o establecer un plazo superior a dos meses para acometer un relevo sensato de los órganos gestores de ambas entidades. No se trata de perpetuar a los actuales representantes, sino de proceder con la responsabilidad que exige evitar el riesgo de desgobierno en un contexto tan difícil como el actual.

El proyecto de ley del BNG, base de los actuales debates, y las 116 enmiendas de PP y PSdeG contienen medidas lo suficientemente trascendentes como para que los gallegos tengan derecho a conocerlas y debatirlas en profundidad. Por ejemplo la amplísima capacidad de veto que los tres partidos otorgan a la Xunta sobre las inversiones de las cajas tanto en la obra social como en "cualquier clase de activos". Del mismo modo, la elemental práctica de separar al que vigila del vigilado, como gráficamente ha descrito algún economista, queda en entredicho si el regulador, al tiempo que establece las normas, asume la responsabilidad en la gestión y luego él mismo se atribuye la potestad de supervisarla.

El socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por entonces presidente de Extremadura, dijo en su día públicamente lo que otros muchos piensan y no se atreven a verbalizar: "Menos mal que no he sido presidente de estas cajas (en referencia a las extremeñas) porque las hubiese quebrado por el bien de mi tierra". Los profesionales en verdad independientes, no los afines y sumisos, son indispensables en la gestión precisamente para actuar como contrapoder frente a esos políticos dispuestos a emprender aventuras que, pudiendo ser de interés para la comunidad y bienintencionadas, resulten al tiempo ruinosas para las cajas.

Los partidos gallegos corren el riesgo de darse de bruces con que la tapa que están abriendo es la de una caja, sí, pero de Pandora. La propuesta del BNG parece orientada claramente a crear un sucedáneo de banca pública y es fácil intuir en ella que priman más criterios patrióticos que de solvencia. Es coherente que actúen así. Es más, son los únicos con una postura diáfana y unívoca. Otra cosa es que estén acertados, que no lo están. Así pues, lo sorprendente no es su propuesta, sino que los populares, abiertamente, y los socialistas, siquiera inicialmente, se hayan subido a ese carro. Más aún cuando PSOE y PP quieren consensuar desde Madrid una reforma de la ley nacional que reduzca la representatividad de los políticos en la gestión de las cajas.

Pensar que el futuro de las cajas, de Galicia o de cualquier sitio, pasa por una ley que aumente el intervencionismo político es, sencillamente, legislar contra la realidad. Y que nadie se engañe. No se trata de cuestionar los legítimos derechos de representatividad de las instituciones, sino de que esa representación se ejerza con responsabilidad. Del mismo modo que su despolitización tampoco es incompatible, sino todo lo contrario, con el mantenimiento de una vocación y una función territoriales indeclinables.

Si de verdad quieren que las cajas sobrevivan en la jungla financiera por venir, lo único sensato que pueden hacer los políticos es dotarlas de un marco legal que refuerce su profesionalidad e independencia como vía para alcanzar la solvencia que les permita competir y crecer en los mercados. Esa es la mejor manera de apostar por unas cajas gallegas con futuro.

Repiten incansables los políticos que las cajas de ahorros no son de nadie, sino de todos los gallegos. Es un reproche implícito a los gestores actuales de ambas entidades, a quienes en privado acusan de haberse apropiado de ellas. Pues bien, ha llegado la hora de que esos mismos gallegos a los que apelan, esa sociedad a la que dicen servir, les diga alto y claro que tienen razón, que las cajas no son de nadie. Tampoco de los políticos.