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Crónica Política

Los tractores

Javier Sánchez de Dios

 

Pues la verdad es que, dicho con todo respeto para el derecho que los ganaderos en colere tienen para defender como mejor les parezca para defender su justa causa, quizá no estuviere de más una reflexión sobre la conveniencia de algunos métodos. Porque no parece que, verbigratia, convertir la capital de Galicia en un enorme atasco, como hicieron ayer, les aporte simpatías populares.
No se trata, conste, de entrar otra vez en la antigua discusión acerca de qué derecho ha de primar, si el de manifestación o el de circulación porque todos están regulados y en teoría no ha lugar a la confusión. Pero la práctica es la práctica, y ya se sabe que si no se para la circulación no hay eco de la protesta, la manifestación es un fracaso y hay que volver a empezar. La vieja -y roja- tesis de la acción/reacción/acción pero por otros medios.
Ocurre que en esto de la leche sus precios y la situación de los productores, hubo en los últimos tiempos un giro en la opinión pública, que ha pasado de la relativa indiferencia a la simpatía por la causa ganadera y un apoyo medible. Pero nada es para siempre o, lo que viene a ser lo mismo, hasta los más grandes amores pueden apagarse: si los tractores se convierten, no en símbolo de una protesta sino en elemento hostil para los ciudadanos el panorama cambiará. Y eso no sería bueno para el sector lácteo.
Dicho lo anterior urge puntualizar que, simpatías aparte, algo hay que hacer para darle satisfacción a lo que ese sector plantea en la calle. Y es que nadie puede aceptar sin rubor que quienes firman un contrato tipo homologado hace pocas semanas lo incumplan ya, que en la Unión Europea la industria haga en materia de precios lo que le venga en gana argumentando la sacrosanta ley del mercado o que, en fin, unas cuantas multinacionales se repartan casi todo el juego y además marquen las cartas.
La pregunta del millón es, por supuesto, qué hacer para evitar todo eso. Y hay pocas respuestas diferentes a las que se concentran en dos. La primera, que cualquier solución pasa por hacer presión en la UE para que se aplique en serio la normativa comunitaria. La segunda que, intramuros, la Administración del Estado actúe realmente en función de las necesidades y de las capacidades que en esto tiene cada autonomía.
Lo malo es que no hay un gobierno capaz de hacerlo, ni aquí ni allá. En Bruselas porque no hay peso y en Madrid porque -aparte lo que al Levante importe- no hay interés. Y así le va a la leche, claro.
¿Eh...?

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