Viva la república de mi municipio

Ignorando tal vez que Galicia es una confederación de tribus locales vertebrada en torno al minifundio, los empresarios de Vigo abogan estos días por una fusión de municipios con el propósito de reducir gastos y ganar en eficiencia administrativa. Sobra constatar que los alcaldes presuntamente afectados no han tardado ni veinticuatro horas en decir nones a tan juiciosa propuesta.
La idea no es nueva en absoluto. El último en proponerla hace cosa de cinco años fue el alcalde de Lalín, Xosé Crespo, que a la sazón ejercía también funciones de presidente de la federación de concellos de Galicia. Crespo encargó a la Universidad de Santiago un estudio sobre el asunto del que se deducía claramente la necesidad de proceder a una concentración parcelaria de los tropecientos municipios galaicos.
Motivos no faltaban entonces ni ahora. Histórica agrupación de clanes nordistas y sudistas alumbrada hace un porrón de siglos por el improbable caudillo Breogán, Galicia sigue siendo a día de hoy un reino fragmentado en 315 municipios, más de 3.000 parroquias y unos 32.000 lugares habitados que suman aproximadamente la mitad del total de núcleos de población de España.
Tan compleja y a menudo inextricable división administrativa está al dudoso servicio de de poco más de dos millones y medio de habitantes, circunstancia suficiente para explicar el hecho de que más de la mitad de los municipios en los que Galicia está parcelada tengan un censo inferior a los 5.000 vecinos. Esa ha de ser, tal vez, una de las últimas herencias que dejó el minifundio en este país que hasta anteayer mismo fue un reino agrario de arado, hórreo y azadón.
Contra la extrema partición de las leiras trataron de luchar sin especial éxito los impulsores de la concentración parcelaria. Infelizmente, la resistencia de los vecinos en este curioso país donde todo el mundo aspira a ser propietario aunque sólo sea de una gallina, dificultó durante décadas los esfuerzos de quienes se empeñaban en modernizar el campo.
Otro tanto parece ocurrir ahora frente al empeño –igualmente lógico– de racionalizar una estructura municipal de mando que hace inviable la supervivencia de decenas o acaso cientos de pequeños concellos. Particularmente, los casi 200 minimunicipios que apenas cuentan con 2.000 ó 3.000 habitantes y en consecuencia padecen serias dificultades para atender con sus presupuestos a las demandas de tan minúscula cifra de población.
Por fortuna, el natural movimiento demográfico de las últimas décadas se ha encargado de concentrar por sí solo la población de Galicia alrededor de las dos grandes áreas metropolitanas de Vigo y A Coruña. Tanto es así que el viejo concepto de ayuntamiento quedó sobrepasado por una nueva realidad en la que las dos principales ciudades del país –y en menor medida, las demá– se ven en la obligación de atender a las necesidades de los municipios de su contorno.
Lo que piden los empresarios de Vigo y el sentido común –al igual que el anterior estudio de la Universidad de Santiago– es nada más pero nada menos que la adaptación de la estructura administrativa de los ayuntamientos a la realidad actual. Teóricamente no debiera haber dificultades, pero la práctica sugiere que ese sensato propósito va a chocar, como ya lo ha hecho, con el histórico minifundismo galaico y la no menos establecida idea de que más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Mucho es de temer, por tanto, que los cientos de minialcaldes que en Galicia gobiernan sobre exiguos censos de apenas un par de millares de vecinos prefieran seguir administrando la nada antes que perder el cargo y los blasones propios de un municipio soberano. Al grito de "Viva la república independiente de mi ayuntamiento", los muchos alcaldes-Ikea que aún quedan en este reino van a ponerles difíciles las cosas a los agentes de la nueva concentración parcelaria. Es el sino de este país.
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