Precisamente ahora que el edificio de las finanzas se está viniendo abajo con no poco estrépito, al Gobierno le ha dado por adjetivarlo todo con el rótulo de “sostenible”, espantosa palabra que –a pesar de las apariencias– no alude al sostén o cualquier otra prenda de lencería.
Sostenible es, por ejemplo, la futura nueva Ley de Economía, mezcla de plan quinquenal soviético y de Libro Gordo de Petete, con la que en apenas diez años se le va a levantar la paletilla y lo que haga falta al decaído Producto Interior Bruto español. Sostenibles –si bien carísimas– son las energías solares y eólicas que promueve con acierto la autoridad competente, las obras del Plan E, los decretos, las órdenes y en general casi todo lo que procede del fértil magín de los ministros.
Como quiera que sea, el adjetivo parece un tanto superfluo. Pocos gobernantes, si alguno, se atreverían a presentar un proyecto insostenible o lo que viene a ser lo mismo: ilógico, absurdo, irrealizable. Salvo que los mandamases incurran en abierto desatino, lo habitual es que todos sus actos de gobierno cuenten con el adecuado sostén financiero y de planificación que los haga viables.
De ahí que suene un poco redundante la calificación de sostenible que el Gobierno aplica con el soniquete de una letanía a todas y cada una de sus disposiciones. Alguna explicación habrá. Probablemente –aunque no es seguro– las autoridades aludan con este concepto a la definición que veinte años atrás hizo la ONU del “desarrollo sostenible”, a saber: aquel que no agota los recursos disponibles en el planeta y es capaz de garantizar, por tanto, la existencia de las generaciones futuras. Dicho de manera más coloquial, sería justamente lo contrario de las políticas de endeudamiento abusivo que traen pan para hoy y hambre para mañana.
No obstante, el concepto importa menos que la palabra en sí. Aplicado a no importa qué proyecto, el adjetivo sostenible es una especie de mantra con el que el actual gobierno desarrolla su filosofía entre hippie y zen. Bastan unas gotas de sostenibilidad acompañadas de un toque de, pongamos por caso, transversalidad, para que el más insulso de los planes gubernamentales se convierta en una idea guay del Paraguay.
No se agota ahí, naturalmente, la extraordinaria capacidad creativa que en materia de léxico caracteriza al Consejo de Ministros. Ahora se usa hasta el abuso de la palabra sostenible, pero sería injusto no reconocer el vasto número de nuevos vocablos que el Gobierno –con el apoyo ocasional de la oposición– ha conseguido alumbrar durante los últimos años.
Tan impenetrable como el barallete o el latín de los canteros, los políticos tienen también su propia jerga gremial que les permite emboscar cualquier problema bajo una tupida hojarasca de palabras. Es esa habilidad la que les permite construir frases repletas de “desarrollo sostenible”, “desaceleración acelerada”, “transversalidad”, “conllevancia” y otros conceptos igualmente enigmáticos. No hay quien entienda semejante jerigonza, pero de eso precisamente se trata.
Gracias a tan singular destreza lingüística, una crisis puede camuflarse fácilmente bajo la palabra “desaceleración” al mismo tiempo que una recesión se convierte en mero “crecimiento negativo” y las subidas de precios –siempre tan impopulares– pasan a ser tranquilizadores “reajustes al alza”. Y en fin: si la gente no tiene un duro, no es que no tenga un duro: simplemente es víctima de la “debilidad de la demanda”.
Sorprende, si acaso, que de entre todos esos inextricables conceptos, el que ahora esté de moda en la pasarela de la palabrería gubernamental sea justamente el adjetivo “sostenible”. El sostén es lo que importa, desde luego; pero tal vez el creciente ejército del paro encuentre difícil casar tanta apelación a la sostenibilidad con lo insostenible de su propia situación. Al final, todo se reduce al sustento.
anxel@arrakis.es