El pirata informático que creó el primer virus capaz de infectar los más sofisticados teléfonos móviles acaba de ser contratado por una multinacional que quiere aprovechar sus habilidades desde este lado de la ley. Suena a paradoja, pero no es ni mucho menos la primera vez que esto sucede. Con gran sentido práctico, las empresas atacadas prefieren hacerse con los servicios de los “hackers” antes que –o después de– denunciarlos a la policía.
Si no puedes con tu enemigo, únete a él: o mejor aún contrátalo, debieron de pensar los gerifaltes de la compañía que ha puesto en nómina a Ashley Towns, el joven australiano autor de la gamberrada que acaba de proporcionarle su primer empleo. Nada nuevo, como ya se dijo. El sistema de acceso al trabajo en el mundo de la alta computación no sólo incluye la entrevista de trabajo, la presentación del currículo o el no menos tradicional recurso a algún pariente o amigo con influencias en la empresa. A todas esas fórmulas clásicas hay que agregar, en este caso, la de la entrada de nuevos empleados por la puerta de atrás, que viene siendo la misma por la que se cuelan en el ordenador y hasta en el móvil los virus creados por los “hackers”.
Habrá quien considere poco ético premiar las fechorías de un delincuente con un puesto de trabajo, pero eso es tanto como no entender la capacidad creativa del capitalismo. Mejor le hubiera ido, por ejemplo, al monopolio de Tabacalera si en lugar de perseguir a los contrabandistas optase por ofrecerles puestos de alta dirección en la compañía para que desde ahí pudieran organizar de manera más eficiente sus redes de distribución de cigarrillos.
Como quiera que sea, la curiosa peripecia de Towns, pirata en los mares de la informática, puede dar ideas en otros ámbitos empresariales de actualidad, tal que el de la más tradicional piratería en aguas del Índico. Usando del mismo recurso utilizado por la compañía australiana que contrató al “hacker”, los gobiernos y/o los armadores podrían reconvertir también a los bucaneros que asaltan sus buques en un eficaz cuerpo de guardacostas dedicado a protegerlos.
A tal fin bastaría con ofrecer a los piratas un contrato y un sueldo europeo –que en Somalia ha de ser estratosférico– a cambio de que sean ellos mismos quienes patrullen las riesgosas aguas del Cuerno de África y garanticen la seguridad de la navegación. Obviamente, nadie conoce mejor los peligros de esos mares que los filibusteros autóctonos, lo que ya de por sí es una ventaja; pero además la operación arrojaría un doble beneficio. De una parte, los que aceptasen el contrato dejarían de constituir una amenaza para las flotas pesqueras y comerciales de Occidente; y de la otra, su experiencia en materia de piratería habría de permitirles un mayor control de aquellos otros colegas que decidiesen seguir en el oficio.
Mejor aún sería, por supuesto, dotar de medios a Somalia para que se constituya en Estado y deje de fabricar piratas como churros, pero esas son palabras mayores que requieren además una copiosa financiación nada fácil de conseguir en estos tiempos de crisis.
Con más larga perspectiva, la idea podría y acaso debería aplicarse a toda África. Visto que las medidas policiales tienen una eficacia limitada frente a la desesperación que llena de gente las pateras, tal vez no fuese desatinado invertir parte de los presupuestos del mundo rico en la mejora de las condiciones de vida de esos países que desaguan su población hacia el Eldorado de Occidente. Ya que no por caridad, los gobiernos europeos debieran hacerlo al menos por interés propio.
Mucho es de temer, sin embargo, que medidas tan razonables como esta o la de reconvertir a los piratas en guardianes del mar choquen con los escrúpulos de los mandamases de Europa. Tan distintos de esos empresarios del software que no dudan en contratar a los “hackers” que los atacan.
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