La recesión se ha llevado por delante el empleo conseguido durante una década en España. Desde hace dos años, el número de trabajadores sin ocupación aumentó un 130% y la tasa de paro creció más del doble, del 8% al 17%. Galicia exhibe mejores datos que la media española –es la quinta con menor tasa de parados– pero las cifras son todavía altísimas.
Después de negros meses, tres indicadores nacionales, el consumo, la inversión y las exportaciones, remontan por fin, lo que parece augurar que nuestra economía sale del fondo. No lo hace en cambio el paro que sigue en niveles insostenibles. Es lo más humillante de esta crisis.
Cien especialistas ya lo proclamaron en abril en un manifiesto: el mercado laboral español necesita con urgencia una reforma.
El Gobierno ha dejado pasar siete meses sin mover un dedo, aplicando paños calientes sobre la herida para ver si curaba sola. Y no cura. Con cuatro millones largos de parados sobre la mesa, por aquí se desangra la economía española. La OCDE acaba de mejorar ligeramente las previsiones para nuestro país. Empiezan a aparecer los ansiados "brotes verdes" excepto en el empleo, donde las perspectivas son peores.
El tiempo ha cargado de razón a quienes firmaron aquella declaración. La crisis no tiene un origen laboral, decían entonces, pero España sufre una destrucción de puestos de trabajo que dobla la de los países desarrollados.
Más de 101.000 personas quedan en la calle cada mes. Una disparidad así con respecto a nuestro entorno no se justifica sólo por el mal momento económico. En su diagnóstico, "los cien" advertían de la rigidez de los contratos indefinidos y de la negociación colectiva, del fracaso de los incentivos para la búsqueda de empleo, de los excesivos contratos temporales y de unas indemnizaciones por despido altas: "en las fases expansivas del ciclo, este modelo genera fuerte creación de empleo, si bien concentrada en sectores de baja productividad, mientras que en las fases recesivas exacerba la destrucción". Ha sucedido tal cual. La caída de la actividad y del consumo ha barrido como hojarasca la mayoría de los contratos temporales. Por la rapidez con la que todo se ha desencadenado, hay dolencias específicas de la economía nacional que amplifican el virus de la Gran Recesión.
Galicia, con 209.000 parados, no puede sacar pecho. Hace un año, parecía que resistíamos mejor que nadie y que la destrucción de empleo llegaba con mucha menor virulencia a nuestra comunidad. Sin embargo, la gravedad de la recesión está recortando mes a mes la diferencia con la media nacional. En el último trimestre, el paro aumentó un 12,35% en Galicia frente a un 17,93% en el conjunto de España. El paro creció un 24% en doce meses (35,14% de aumento en el país) y el efecto más dramático lo sufren 45.000 hogares gallegos que tienen a todos sus miembros en paro (un 59% que hace un año). El deterioro induce a pensar que no había ventaja competitiva gallega alguna sino una incorporación tardía de la región, como tantas otras veces, a la tendencia del ciclo, ya sea este al alza o a la baja.
El sector servicios (que concentra 117.000 parados, más de la mitad de los registrados en Galicia), la industria (con 32.000 desempleados) y la construcción (31.000) son los pilares más castigados, a lo que hay que sumar el efecto arrasador de la crisis en los autónomos (5.000 menos en un año, la mitad en la provincia de Pontevedra). El potente sector de la automoción ha soportado también un duro retroceso, con cierres de plantas y despidos, que afortunadamente no fueron mayores gracias a la acertada flexibilidad laboral pactada en la factoría de Citroën, que ha logrado acabar 2009 como la única industria del motor en España que no se ha visto obligada a recurrir a un expediente de regulación de empleo.
El único país del mundo que ha conseguido evitar despidos masivos en plena crisis es Alemania. Su milagro laboral se basa en el llamado "contrato alemán", que recorta la jornada y reparte el trabajo. El sistema adapta la fuerza laboral de cada compañía a las necesidades de producción. El gobierno paga parte del salario al trabajador con horario reducido. Las empresas retienen durante las vacas flacas personal valioso a un coste asumible. Los obreros no quedan en la estacada y el Estado evita subsidiar a desempleados por no hacer nada.
España quiere importar el modelo. Hay dudas de que sea factible. El 93% de nuestras compañías son microempresas. Los problemas españoles no son de demanda coyuntural sino directamente de supervivencia de muchas sociedades por lo inviable del modelo productivo. Además, algunos expertos temen que el reparto de trabajo aquí acabe siendo una argucia para camuflar la lista del paro. Somos el país con la tasa de absentismo más alta del mundo occidental.
La picaresca se oculta detrás de muchas bajas médicas y los sindicatos no dan su brazo a torcer para que un verificador independiente las controle. Que el Gobierno se plantee un recorte de las horas de trabajo sin atajar antes estos otros problemas es una paradoja difícil de explicar.
En fin, el caso es hacer algo sensato. Hasta ahora estuvimos a verlas venir y así nos va. El debate sobre el mercado laboral se agita y eso tiene valor. Es quizá la reforma más urgente para invertir la tendencia de nuestra economía. Ese es el camino, no el de demonizar a los empresarios. Este país precisa miles de puestos de trabajo y los sindicatos, con la venia del Gobierno, se dedican a colocar en la diana a quienes deben crearlos. Es preciso que los patronos arriesguen. Con protestas jaleadas desde las alturas contra ellos no llegaremos demasiado lejos.
Ni cuando mejoran el consumo, la inversión, las exportaciones y el PIB la lista de parados españoles deja de ser millonaria. La escasa agilidad en las contrataciones resulta evidente. Revisar el sistema, cambiarlo, no peca contra el trabajador: es ponerse manos a la obra frente a un paro insoportable.
EDITORIAL
