No contento con prohibir la fumeta y afearles su conducta a los bebedores, el Gobierno acaba de decretar también cuál es la temperatura idónea a la que deberán vivir sus súbditos. Bares, tiendas, cines y locales públicos en general no podrán exceder los 21 grados en invierno ni bajar de los 26 en verano, según las estrictas órdenes del decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros con el propósito de ahorrar energía. La pesadilla del "Big Brother" ideada por George Orwell en sus novelas se acerca cada día más a esta parte de la Península.
Efectivamente, la intervención del Estado en la vida privada de las personas parece no conocer límite. Puede que el Gobierno sea incapaz de garantizarles su empleo a los trabajadores o de controlar la buena marcha de la economía; pero a cambio se muestra extremadamente eficaz a la hora de combatir los vicios de los ciudadanos.
De ello pueden dar fe los fumadores a quienes la autoridad sanitaria competente acosa con sucesivas prohibiciones a cual más severa; pero también los aficionados al vino que afrontan la amenaza de una Ley Seca como la que intentó aplicar la anterior ministra de Sanidad.
Tanto y tan variado es el afán de mandar de las autoridades que ni siquiera el tiempo –en sus vertientes climática y cronológica– queda fuera de su ámbito de competencias. Si ahora acaba de dar órdenes sobre la temperatura de los locales, hace ya años que el Gobierno estableció también por decreto la hora a la que vivimos: adelantándola y atrasándola cada primavera y otoño en abierto desafío al dios Cronos.
Por si todo ello fuera poco, el Gobierno pretende someter igualmente a sus dictados la siempre azarosa ley de la oferta y la demanda que en teoría debiera regir las finanzas en un país capitalista como este. A tal fin no ha dudado en imitar la fórmula de los planes quinquenales de la Unión Soviética o tal vez los planes de desarrollo del general Franco. Mucho más ambicioso que Stalin y el Caudillo, el Gobierno presidido por Zapatero aspira ahora a organizar la economía del país mediante planes decenales como el aprobado ayer bajo el más moderno título –eso sí– de Ley de Economía Sostenible.
Pudiera parecer un poco abusivo que un gobierno decrete qué hora es, dónde se puede o no fumar y hasta cuál ha de ser exactamente la temperatura de la calefacción que abriga a sus ciudadanos; pero también es cierto que los afectados por tantas intromisiones en su vida particular no oponen especial resistencia. Es natural. Ya el propio general Franco –que alguna experiencia tenía– rebatió en su momento la idea de que los españoles fuesen anárquicos e ingobernables. "Todo lo contrario", respondió con su habitual laconismo el dictador a la pregunta de un periodista extranjero que le inquiría cándidamente sobre la veracidad de ese tópico. Si lo sabría él.
Nada tiene de extraño tal circunstancia en el país que coreaba el grito de "Vivan las cadenas" al paso de Fernando VII y que siglo y pico después haría tristemente famosa la consigna: "Viva la muerte" berreada por el general Millán Astray. Producto tal vez de esa herencia antiliberal y en cierto modo surrealista, el pueblo tiende aquí a obedecer sin rechistar cualquier cosa que el Gobierno mande. Tanto da que ordene votar a favor o en contra de la OTAN, por la nueva Constitución Europea o lo que la autoridad competente tenga a bien disponer, la gente responde invariablemente con la debida obediencia. No como esos franceses y europeos en general, empeñados en llevarle la contraria a sus mandamases.
De ahí que los españoles asuman con toda naturalidad las leyes y decretos que un día les prohíben fumar, al otro beber y al tercero fijan –bajo pena de multa– cuál ha de ser la temperatura a la que debe desarrollarse su vida. Sólo falta que el Gobierno ordene cómo y con quien debemos encamarnos; pero todo llegará. Al tiempo.
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