El final feliz del secuestro del atunero "Alakrana" y de sus 36 marineros, ocho de ellos gallegos, constituye una espléndida noticia de la que todos debemos felicitarnos, en especial, las familias de los pescadores que tanto han sufrido durante estos eternos 47 días de cautiverio. El Gobierno hizo lo que tenía que hacer, esto es, que todos los integrantes de la tripulación regresasen a casa sanos y salvos. Pero si el objetivo prioritario e ineludible de traerlos a todos con vida se ha cumplido, otra cosa bien distinta son las formas empleadas por el Ejecutivo y cómo ha actuado durante las seis semanas de cautiverio hasta el desenlace final, que también fue feliz para los piratas, todos ellos a salvo con un botín de 2,7 millones, listos para salir de nuevo a la caza y captura de otra presa fácil.
Una vez libres nuestros marineros, resulta inexcusable examinar a fondo lo ocurrido para extraer las lecciones pertinentes, evitar que los fallos cometidos vuelvan a repetirse y asumir las responsabilidades pertinentes si las hubiera. Porque no habían pasado ni 48 horas de la liberación del "Alakrana" cuando otro atunero de nuestro país huía a toda máquina de otros bucaneros que intentaron darle caza durante media hora. Aquellas aguas, uno de nuestros principales caladeros y por tanto sostén de muchas familias gallegas, están infectadas de piratas que se multiplican cada día que pasa mientras la respuesta que encuentran a sus fechorías apenas les disuaden de seguir cometiéndolas. Y la consecuencia más preocupante es que los barcos españoles se han convertido en su prioridad. De ahí que sea tan necesario aprender la lección.
El desarrollo del secuestro del "Alakrana" ha dejado en evidencia que el Gobierno cometió errores y que su trabajo por liberar a los marineros, que sin duda fue ímprobo, estuvo marcado en algunos momentos por una descoordinación que incluso dejó aflorar tensiones larvadas en el seno del Ejecutivo desde hace mucho tiempo, como las disensiones entre la vicepresidenta primera De la Vega y la ministra de Defensa, Carme Chacón. El episodio de unos ministros señalándose a otros como responsables de los fallos cometidos, en un intento de echar balones fuera, refleja bien a las claras que no siempre se ha actuado con la coordinación y eficacia debida.
La decisión de traer a España a los dos piratas detenidos pese a que la inteligencia militar previno de que el traslado podía complicar innecesariamente el secuestro, no sólo se demostró equivocada sino que además derivó en espectáculos tan lamentables como el que se siguió para determinar la mayoría o minoría de edad de uno de los bandidos, en un intento desesperado por quitarse de encima el problema gratuitamente creado.
Y qué decir del pronunciamiento sin precedentes de la Audiencia Nacional, que se vio obligada a salir al paso de la polémica para responsabilizar al Ejecutivo del traslado de los piratas a España, después de que éste hiciese creer que era cosa de los jueces.
Es también la hora de aclarar a fondo las dudas y contradicciones que aún existen sobre lo ocurrido durante el cautiverio: la versión oficial de que se persiguió y abrió fuego contra los piratas choca con el testimonio de los tripulantes del "Alakrana", que no escucharon disparo alguno. Defensa insiste en que sí lo hizo aunque más bien parece que de manera disuasoria ya que a los 63 bandidos que se repartieron el botín a bordo les dio tiempo de llegar a puerto y alcanzar sus poblados sin mayores complicaciones. También resultó un engaño que los bandidos hubiesen llevado a tierra a tres marineros con el propósito de ejecutarlos, pese a que el Gobierno dio por hecho ese traslado e informó de ello a las familias.
El PP, que ahora hace bien en exigir responsabilidades, tampoco supo estar en todo momento a la altura de las circunstancias. Por ejemplo cuando trató de abrir una batalla política mientras aún estaba en juego la vida de los marineros, una actitud irresponsable que sólo abandonó después de que el presidente de la Xunta se desmarcase de tal estrategia.
Y también los armadores tienen alguna lección que aprender. Harían bien, por ejemplo, en cumplir escrupulosamente la orden de no faenar fuera de la zona de seguridad acotada, ya de por sí bastante insegura, para no exponer a las tripulaciones a más peligro del estrictamente imprescindible. Quizá los únicos que se salven de la críticas sean los familiares de los marineros, que se movilizaron con vigor hasta concienciar a toda la sociedad de la gravedad de la situación para retirarse luego y guardar un escrupuloso silencio que facilitase la liberación, tal y como se les pidió desde el Gobierno.
El Ejecutivo ha accedido finalmente a permitir que embarquen en los pesqueros que faenan en la zona vigilantes privados con armas de guerra. Se trata de una medida que, aunque llega tarde, contribuirá sin duda a mejorar la seguridad a bordo. Pero no está claro que sea suficiente. Quizá el nivel de protección idóneo pase por permitir infantes de marina a bordo, como hace Francia, país con una flota pesquera muy inferior a la española.
La solución definitiva, en cualquier caso, no pasa exclusivamente por las medidas de fuerza. En el Índico campan a sus anchas entre 1.000 y 2.000 piratas que actúan en dos millones de millas náuticas cuadradas, una realidad que dificulta enormemente el éxito de la Operación Atalanta puesta en marcha por la UE. Por eso es necesario abordar el problema también desde los frentes legal y político, incluida la persecución de la delincuencia de cuello blanco que se refugia en Londres tras una trama jurídico-financiera que da vida al negocio de los secuestros somalíes.
Alegrémonos, así pues, de que los marineros hayan regresado a casa sanos y salvos, sin duda el objetivo prioritario, pero, simultáneamente, extraigamos las lecciones oportunas para que nunca vuelvan a producirse dramas como el vivido durante estos 47 días.
