Gracias a la becaria Mónica Lewinsky y a sus voluptuosas relaciones con el presidente Bill Clinton supimos años atrás que incluso gobiernos serios como el de Estados Unidos suelen recurrir a la contratación de empleados en prácticas. Nunca hasta ahora se había dado sin embargo el caso de que un gobierno integrase a ministros en período de formación, como en apariencia sucede con el que tan voluntariosamente preside José Luis (R.) Zapatero en España.
Sólo un Consejo de Ministros en el que parecen abundar los becarios (y becarias) en fase de adiestramiento podría poner tanto empeño como este en hacer prácticas de gobierno. Uno (o una) experimenta con la Economía, otro con las vacunas y el tercero con las fragatas; pero el común denominador es en todos los casos una notable y por otra parte lógica falta de pericia en el manejo de los asuntos públicos. A fin de cuentas, están practicando.
No ha de extrañar, por tanto, que la frase: “El Gobierno rectifica” fuese la más utilizada en los titulares de los periódicos durante los primeros meses del sonriente mandato de Zapatero. Un día era la anterior ministra de Vivienda la que –por fortuna– enmendaba su anunciado plan para la construcción de cientos de miles de pisos y al siguiente era su colega de Cultura la que se desdecía de su propósito de rebajar ciertos tramos del IVA, tras caer en la cuenta de que esa es en realidad una competencia ajena a sus poderes.
Bien es verdad que el actual Gobierno contó a lo largo de sus cinco años de existencia con políticos doctos y además bregados en el ejercicio de las tareas que les habían sido encomendadas: ya fuese en el ramo de la Economía, ya el de la Cultura ya el de la organización del territorio. Peor para ellos. A todos se les fue señalando la puerta de salida a fin de dejar hueco a otros mucho más necesitados de hacer prácticas en el ministerio, sin otra condición que la de ignorar los rudimentos de la tarea que se les encargaba.
Esa curiosa querencia del presidente Zapatero por los ministros en fase becaria de aprendizaje es la que acaso podría explicar la gestión, extravagante en tantos aspectos, de la crisis del “Alakrana”. Presidido esta vez –y acaso otras– por la vicepresidenta Fernández de la Vega, el Gobierno comenzó por cargar las culpas sobre los marineros víctimas del secuestro y al final ha terminado por echársela a la oposición que en el cumplimiento de sus funciones tuvo la indelicadeza de oponerse.
Ninguna responsabilidad corresponde, como es natural, al Gobierno propiamente dicho. Poco importa que la decisión gubernamental de traer a España a los dos piratas detenidos en el lance diera a los secuestradores una baza con la que aumentar –hasta cifras de récord– el precio del rescate. Y menos aún que esa torpeza dilatase la liberación de los rehenes, a diferencia de lo que ocurrió un año atrás con el suceso casi gemelo del “Playa de Bakio”.
La condición aparentemente becaria de algunos (o algunas) de los ministros implicados en la resolución del caso explicaría también los no pocos lances de ópera bufa que ha dejado tras de sí la negociación para liberar a los cautivos del “Alakrana”. Por ejemplo, el hecho de que la encargada de Defensa asegurase saber hace un par de semanas el lugar e incluso el estado físico en que se encontraban los tres tripulantes llevados a tierra por los piratas. Ahora sabemos que ningún marinero dejó el barco, pero no por eso la ministra ha sentido la necesidad de aclarar tan enojosa contradicción.
Igualmente se discute si la Armada persiguió o no a los bucaneros que huían con la bolsa llena y si el pagano del rescate fue el contribuyente español, la armadora del buque o la compañía de seguros. Lo único cierto en este galimatías es que hay que tener mucho cuidado con los becarios. Sobre todo si hacen prácticas en el Gobierno.
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