Cuando se cumplen siete años, siete, de la catástrofe del "Prestige", el Gobierno ha mandado a una directora general a Galicia para anunciar que este reino autónomo será uno de los más beneficiados por el nuevo Plan de Salvamento Marítimo que a partir de 2010 va a proteger las costas españolas. Tranquiliza mucho saberlo, aunque no se sepa a quién.
Mejor hubiera sido sin duda que el portador de la buena nueva fuese un cargo de más alto rango, pero acaso el módico nivel de una dirección general le cuadre mejor a la escasa entidad de la noticia. Después de todo, la directora Isabel Durántez se ha limitado a decir que Galicia será "una" de las comunidades autónomas a las que se dé "prioridad" en las inversiones del mentado plan, sin aportar otras precisiones.
Poca cosa parece eso, si se tiene en cuenta que la costa gallega ha sido la única de la Península en sufrir siete grandes mareas negras durante los últimos treinta años. Víctima de su incómoda situación en el mapa de las navegaciones mundiales, este reino ha de convivir –lo quiera o no-- con la existencia de una autopista marítima a escasas millas de su litoral por la que transitan anualmente miles de buques a menudo cargados de petróleo, productos químicos y hasta residuos nucleares. La mera aplicación de la ley de probabilidades sugiere que por fuerza ha de tocarnos la lotería del chapapote con parecida frecuencia a la de la caída del Gordo en el despacho de "La Bruxa" de Sort.
Tan desdichada circunstancia debería aconsejar que se destinase a Galicia el grueso de cualquier inversión destinada a prever y en su caso paliar las consecuencias de los desastres marítimos, pero ya se ve que no es así.
Tampoco hay por qué sorprenderse. Hace apenas dos años, el Gobierno negó a la Xunta –que entonces era amiga-- el traspaso del mando sobre el salvamento marítimo, la contaminación en el mar y la investigación oceanográfica. Alegaba entonces el presidente Zapatero que tan altas misiones corresponden al Estado, lo que las hace intransferibles por su propia naturaleza.
Curiosamente, ese Estado que rehúsa trasladar a Galicia un par de módicas y lógicas competencias sobre los asuntos marítimos que le son propios es el mismo –con distinto gobierno-- que hace siete años desertó de sus obligaciones y dejó abandonados a los gallegos a su (mala) suerte cuando el "Prestige" breó las costas de este reino. Tal que el perro del hortelano, se diría que la Administración central está empeñada en no comer ni dejar que lo hagan otros.
Se esperaba algo ingenuamente que el eco de la calamidad del "Prestige" en las teles y periódicos de todo el mundo ayudaría a mejorar la seguridad del transporte en los mares y –en particular-- la de la autopista marítima que discurre amenazante junto a las costas gallegas. Pero pecamos de candidez, como casi siempre.
Siete años y dos gobiernos después de aquella catástrofe que sacó a Galicia a la calle, el riesgo sigue siendo exactamente el mismo. Pasado el primer arranque de indignación, ya nadie ha vuelto a plantearse –como se hizo entonces-- la posibilidad de detener in situ o desviar de su ruta a los buques manifiestamente peligrosos. Y, peor aún que eso, el Parlamento Europeo rechazó la petición de alejar el congestionado corredor marítimo en el que diariamente se apelotonan petroleros y toda suerte de mercantes cargados de productos tóxicos casi a vista de pájaro de nuestro litoral.
Sobra decir que tampoco se ha diseñado un protocolo de emergencias en el que se estipulen claramente –con nombre de puerto y ría-- los lugares de refugio a los que debiera ser llevado cualquier buque en una circunstancia de apuro similar a la del "Prestige". Estamos, como hace siete años, a merced del azar y del temporal: y todo lo que nos prometen es una cierta "prioridad" en las inversiones para el salvamento. Se conoce que los naufragios ya no dan votos.
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