Así pues, y quizá por aquello de que a la fuerza ahorcan, podría ser ésta en la que se anuncian aún más penurias económicas para los municipios una buena oportunidad para plantearse algo que casi todos creen necesario pero casi nadie osa desarrollar: la reforma del mapa territorial de Galicia. Podría decirse la ordenación, pero este concepto abarca más cosas y por tanto acaso sea mejor táctica ir poco a poco.
La cuestión es que hay concellos que ya admiten incapacidad para pagar las nóminas de su personal, y otros que no saben cómo afrontar gastos previsibles, entre ellos el abono de las extraordinarias de Navidad, que están a la vuelta de la esquina. Y si eso ocurre dentro, habrá que suponer que fuera - o sea, las facturas a proveedores o la atención a los servicios- habrán de fijar, como plazo para resolver, las calendas griegas. Y eso con suerte, porque hay quien piensa que ni entonces.
Esta situación, que es de preasfixia, podría agravarse todavía si, como ha dicho el señor presidente de la Federación Galega, el Estado cierra aún más el grifo financiero a las administraciones locales. Don Carlos Fernández, que como alcalde fue cocinero antes que fraile, sabe bien lo que puede ocurrir si en un momento dado a los pucheros no llega líquido y no se puede servir a los comensales, que son en definitiva los ciudadanos, ni un plato de sopa -boba o lista- que aplaque los estómagos vacíos.
Una definición clásica establece que la Economía Política es la que distribuye recursos escasos entre necesidades abundantes y que, por tanto, tiene la clave en las prioridades que se determinen. En el mundo municipal esa decisión se complica porque además de pocos medios y multitud de necesidades, hay muchas bocas que alimentar y, en consecuencia, la elección ha de ser precedida por una selección. O sea, que se haga lo que se haga, siempre habrá más hambrientos que satisfechos. Punto.
Lo que aquella ciencia, y la inteligencia para aplicarla, aconsejan es atenerse a la dura lex -sed lex- del sentido común: reducir las bocas para atender mejor a las que queden. Se habla de administraciones, claro, no de personas, y eso traducido a la política quiere decir que ha de recortarse el número de Ayuntamientos para mantener aquellos que puedan sobrevivir por sí mismos o con las ayudas que se puedan habilitar.
En términos gallegos, dejar los 315 concellos actuales en la mitad, o menos. Y, a partir de ahí, la pregunta es sencilla: ¿quién osaría...? ¿Eh...?
