La luz roja ha vuelto a encenderse en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Vigo, el corazón del control de calidad de los productos que entran en el territorio de la UE. Los tiempos, mayores que en otros puertos, empleados en realizar las inspecciones amenazan con lastrar la descarga de todo tipo de mercancías, especialmente congelados y perecederos, y con hundir la competitividad de los muelles vigueses.
El detonante de la alarma ha sido una demoledora denuncia de los usuarios del Puerto: los retrasos en el PIF están detrás del desvío en el último año de más de 140.000 toneladas a otros puertos, como Valencia y Bilbao, pero especialmente a la terminal portuguesa de Leixoes.
Las cifras de los últimos doce meses son en verdad alarmantes, aunque lo más preocupante de la denuncia es que estamos ante un problema que se arrastra año tras año, sin que las sucesivas administraciones, de uno u otro color político, hayan sido capaces de resolverlo. Ni la mejora de las bocas del PIF ni el refuerzo de las plantillas se han traducido en la reducción real de los tiempos de inspección. Más bien al contrario. A juzgar por las quejas de los usuarios, la situación parece haberse agravado. Hasta 53 días se ha llegado a tardar en tramitar un contenedor con expediente positivo, una demora que ocasionó al propietario de la carga 10.000 euros de pérdidas.
Algunas aseguradoras incluso se plantean establecer penalizaciones en función de los retrasos.
El colapso del PIF ha sido caballo de batalla, en mayor o menor medida, de todos los presidentes de la Autoridad Portuaria, independientemente de su ideología. Lo fue en su día de los socialistas Abel Caballero y Jesús Paz y lo es ahora de la popular Corina Porro, por citar sólo a los últimos.
En unas recientes jornadas sobre el funcionamiento del PIF, un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, empresarios y asociaciones de usuarios responsabilizaron de los retrasos al exceso de celo de un grupo de inspectores y a su "intransigencia documental" a la hora de tramitar las mercancías. Los funcionarios, por su parte, arguyen que ellos se limitan a respetar las normas establecidas y que no se les puede pedir que incumplan la ley.
Independientemente de quien tenga la razón, lo que es de sentido común es que el Puerto de Vigo y sus usuarios no pueden pagar el pato del desbarajuste. Si los tiempos son mayores aquí que en otros puertos porque en Vigo se respeta escrupulosamente la ley, oblíguese a las inspecciones de los demás puertos a actuar con el mismo rigor; y si, por el contrario, lo que ocurre es que aquí se actúa con un exceso de celo injustificado, oblíguese a sus causantes a hacerlo como es debido. En cualquiera de los dos casos, la conclusión debe ser la misma: los tiempos medios de los controles en Vigo deben ser, con igualdad de medios, similares a los del resto de puertos. De no ser así, los usuarios y el propio puerto serían objeto de una discriminación injustificada por parte de un organismo oficial dependiente como hemos dicho del Ministerio de Sanidad. No es admisible una doble vara de medir. Las oportunas medidas correctoras deben adoptarse sin más dilación porque la situación todavía puede ir a peor. Aún puede ocurrir que, tras desviar las mercancías, las empresas decidan llevarse también sus centros de producción. De nada servirán luego los lamentos.
