El secuestro de los 36 tripulantes del "Alakrana", ocho de ellos gallegos, agravado ahora con la amenaza de los piratas somalíes de ejecutarlos a todos si el Gobierno no entrega a sus dos compinches presos en España, se ha convertido en un calvario insufrible por más tiempo para los marineros y sus familias y en motivo de angustia para todos los españoles.
Es cierto que el dramático llamamiento hecho en las últimas horas por los secuestrados a sus familiares ha sido dirigido y utilizado por los piratas, que buscan de esta forma, empleada en más ocasiones, influir sobre la opinión pública y, consecuentemente, presionar a los gobiernos para conseguir sus objetivos. Pero también lo es que deja en evidencia a las autoridades españolas, que hasta ahora negaban que la excarcelación de los dos piratas presos en España fuese la primera condición para liberar al "Alakrana", al margen del obligado pago de un millonario rescate.
Cuando hace un mes los secuestradores lanzaron el primer ultimátum advirtiendo de que llevarían a tierra a los cautivos, como ahora han hecho durante unas horas, con la amenaza de entregarlos a las familias de sus compinches encarcelados si éstos no quedaban libres, el Ejecutivo le restó toda credibilidad y recriminó a los medios que publicaron la noticia, entre ellos FARO.
Los piratas somalíes no han asesinado nunca a ningún rehén en los secuestros en el Cuerno de África, pero el del "Alakrana" no es un un rapto más. Su peculiaridad radica en que dos de los secuestradores, apresados por la Marina, han sido trasladados a España a requerimiento del juez Baltasar Garzón, en vez de a Kenia, que es a donde han llevado otros países a los piratas que apresaron. Y ahí está la clave del conflicto. Los secuestradores exigen ahora ¬además del dinero, sobre el que ya se habría alcanzado un acuerdo, la liberación de sus compinches presos en España. El gobierno español ya ha aclarado que no está en su mano tal decisión y la Audiencia Nacional, que sí es competente, dice que es imposible hacer tal cosa sin violentar el Estado de derecho.
Algunas voces, como la del lehendakari Patxi López, aseguran que sí es posible encontrar vías legales para trasladar los piratas a Kenia. Los familiares de los pescadores han pedido públicamente a la Justicia que, por una vez, no sea ciega. El Gobierno está obligado a explorar cualquier posibilidad que conduzca a garantizar la integridad de los marineros, primero, y a conseguir su liberación después. A la consecución de tal objetivo debe subordinar todas las demás consideraciones.
Las llamadas de los marineros han servido para dar a conocer a todos los españoles la situación real que se vive a bordo. El testimonio del patrón del atunero, el baionés Ricardo Blach, a FARO, revela su estado de angustia: "Llevo más de quince días con el pijama puesto, siete sin ducharme, apenas nos dejan ir al baño, ya me he meado dos veces encima, no nos dejan salir a la cubierta, nos amedrentan con las pistolas y nos vuelven histéricos a todos".
Lo ocurrido con el "Alakrana" pone indudablemente en cuestión la forma en que el Gobierno ha gestionado hasta ahora la situación de los pesqueros que faenan en esas aguas, unas de las más peligrosas del mundo. En las semanas anteriores al secuestro, la flota ya había alertado de una oleada de asaltos fallidos, que Defensa no quiso ver como tal hasta que cayó el atunero vasco.
El Ejecutivo no es responsable de que los piratas aborden barcos, claro está, pero sí puede serlo de no haber adoptado las medidas a su alcance para intentar evitar tales situaciones. Alegando falta de soporte legal, se negó al embarque de militares en los atuneros, como permite Francia y reclama la flota española. Sólo la fortísima presión del sector le hizo rectificar en parte esa posición para autorizar que agentes privados de seguridad cumplan esa misión y permitirles llevar armas de guerra a bordo. Francia, por ejemplo, ha sabido intimidar a los piratas, llegando a pagar rescates para salvar a los suyos pero persiguiendo después a los secuestradores hasta capturarlos y recuperar incluso el botín.
Dicho esto, el Partido Popular debe evitar la tentación inicial de llevar sus críticas por derroteros oportunistas. No toca buscar responsabilidades políticas ni pedir cuentas. No hasta que esté garantizada la integridad de los marineros españoles. Así ha prometido hacerlo la dirección nacional del partido después de que Feijóo se pronunciase en ese sentido. Y así lo exigieron también las miles de personas que ayer se echaron a la calle en Vigo en señal de solidaridad con las familias de los pescadores. Que nada entorpezca lo que debe ser el único objetivo de todos: que los marineros vuelvan vivos a casa cuento antes.
