Un día de verano de 1979, siendo aún un niño, me encontré al llegar a casa con la noticia de que el barco de mi padre, patrón por aquel entonces de un congelador en aguas del banco canario-saharaui, había sido secuestrado por el ejército mauritano y llevado a la fuerza al puerto de Dajla, la antigua prefectura española de Villacisneros. Por aquellas fechas, marroquíes y mauritanos retenían barcos españoles con las excusas más variopintas y el único objetivo de robar y cobrar un rescate, lo que siempre acababa cumpliéndose tras discretas negociaciones de los armadores con los gobiernos locales. Más allá del quebranto económico, y del susto de las tripulaciones y sus familias, nunca hubo que lamentar desgracia personal alguna. Nosotros, claro, pasamos nuestro calvario particular durante el mes y medio que duró el secuestro, y supimos después que no faltaron los momentos de especial tensión, como cuando a mi padre le pusieron la pistola en el pecho mientras se llevaban los víveres del barco, pero lo cierto es que, sobre el contexto general del drama, flotaba la certidumbre de fondo de que más tarde o más temprano todo llegaría a buen fin. Y siempre, es cierto, llegaba. En aquel caladero había una suerte de know how del secuestro donde primaba el sentido común. En aras de ese pragmatismo, algunos patrones llevaban, incluso, cierta cantidad de dinero en la caja fuerte del barco para sobornar al comandante de la eventual lancha asaltante, y así evitar el mal mayor de ser conducidos a puerto. Era preferible este menudeo que arriesgarse a una negociación con millones de pesetas de por medio, y los patrones acabaron habituándose a los tejemanejes del mercadillo persa en que, a veces, parecía haberse convertido aquel pedazo de océano. En el verano de 1979 la Constitución española estaba recién salida del horno, pero a nadie en su sano juicio se le habría ocurrido, en aras de ese nuevo Estado de Derecho, reclamar que algún juez español se metiese en medio de aquel fregado y se le ocurriese, por ejemplo, reclamar al tipo que encañonó a mi padre para que fuese juzgado en España. De los dineros y las soluciones se hablaba donde se debía hablar, estos es, en los despachos cochambrosos de algún puerto perdido de la costa saharaui, mientras las tripulaciones secuestradas mataban el tiempo jugando al fútbol o viendo cómo las cabras se comían los trozos de cartón. Después, claro, pasaron los años y llegaron las leyes internacionales y los gobiernos timoratos y todo, literalmente, se fue al carajo. El primer aviso de que esa modernidad diplomática iba, a la postre, a resultar más peligrosa que los ladronzuelos del desierto lo tuvimos en Canadá, en cuya guerra del fletán los patrones gallegos pasaron más miedo del que nunca jamás habían pasado en las costas del Sáhara. Pero ahora, en Somalia, se ha dado un salto cualitativo hacia el abismo del sinsentido, el que trata de afrontar la desesperación de África con jueces estrella y audiencias nacionales hoy preocupadas por los huesos de un chaval somalí, mañana por los derechos humanos en China, pasado quién sabe. El resultado está a la vista: mientras todo un país europeo se conmueve con el sufrimiento de la tripulación y sus familias, en algún lugar de la costa somalí, unos tipos cruzados de cananas deben estar partiéndose de risa.
