El pacto alcanzado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Xunta para desbloquear la macrodepuradora de Vigo, de la que depende ni más ni menos que la apremiante tarea de atajar la grave contaminación de la ría, constituye, además de una excelente noticia para todos los ciudadanos, un ejemplo de que más allá de la confrontación también es posible hacer política.
Las administraciones implicadas en esta crucial obra han sabido dejar a un lado politiquerías baratas para desatascar un proyecto que amenazaba incluso con que Bruselas impusiese una multa de 20 millones de euros por la contaminación de nuestras aguas.
El acuerdo ha sido posible una vez que la propuesta hecha por la Xunta, que alegó no tener liquidez para financiar su parte de 107 millones, ha sido aceptada finalmente por el ministerio de la viguesa Elena Espinosa, quien, además de pagar lo suyo (112 millones), adelantará lo que le corresponde al Gobierno gallego, que se lo devolverá a plazos. El Ayuntamiento deberá aportar, en principio, 19 millones.
El acuerdo ha sido posible, además, en un tiempo razonable. Comenzó a gestarse precisamente en la primera visita institucional del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la ciudad, el pasado 23 de julio, cuando en su reunión con el alcalde, Abel Caballero, abordaron los grandes temas pendientes de Vigo y sentaron las bases de una colaboración institucional fructífera para sacar adelante los proyectos desde la lealtad institucional y el diálogo. El regidor se comprometió entonces a mediar con el Gobierno para salvar la depuradora y este es el primer fruto de esa cooperación a tres bandas.
Vigo y Galicia entera necesitan que se propague el ejemplo de la depuradora en tanto en cuanto paradigma de otra forma de hacer política. Sería frustrante no extenderlo, por ejemplo, y ciñéndonos al caso vigués, al cuarto hospital, a la Ciudad de la Justicia o al Área Metropolitana.
El acuerdo sobre la depuradora retrotrae a otro mucho más significativo e importante: al histórico Pacto del Obradoiro, firmado el pasado 21 de julio por el ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente de la Xunta, en el que ambos sellaron un calendario realista para que Galicia tenga un AVE de primera en 2015, con plazos de licitación e inversiones definidas. En los tres meses transcurridos ha habido algunos roces, sobre todo a propósito de los Presupuestos, pero unos y otros consideran que el entendimiento y el grado de cumplimiento del pacto es más que satisfactorio. ¿Por qué no intentar con otros problemas relevantes de Vigo y Galicia lo que ya ha funcionado con el AVE o la depuradora? El consenso, a partir del diálogo, no es una quimera política, por más que muchos de los dirigentes actuales de uno y otro partido se empeñen diariamente en hacernos creer lo contrario. Además, y en contra de lo que suelen creer quienes viven de la política, electoralmente les sería también más rentable. Sobre todo ahora, que los gallegos ven los frutos de esa otra forma de hacer política.
