Baratos como no se recordaba desde hace mucho tiempo, los precios han vuelto a bajar por séptimo mes en España, convertida por fin en la Ínsula Barataria que en su día imaginó Cervantes. Hablando en general, las cosas cuestan un 1 por ciento menos que hace un año; pero ni aun así los españoles están contentos. Haga lo que haga el Gobierno, lo que nos va es criticar, con razón o sin ella.
Primero nos quejábamos de las brutales subidas que propició la llegada del euro: y ahora que por fin bajan los precios seguimos protestando. No hay quien nos entienda.
Choca más aún esta reacción si se tiene en cuenta que el pueblo español es de suyo obediente y tiende a votar por sistema lo que le diga el Gobierno: ya sea a favor de la OTAN, ya del Tratado de la Unión Europea. Sumisos al poder en las grandes cuestiones, los ciudadanos de este país suelen rezongar a cambio en lo que toca a los asuntos menores de la vida cotidiana: tal que, un suponer, la subida o la bajada de los precios.
Todo tiene su explicación. Si el menor coste de las viandas en el supermercado no consuela particularmente a la población compradora, ello ha de deberse a la circunstancia –sin duda enojosa– de que mucha gente no disponga ya de dinero para aprovechar las gangas. Lógico. Con cuatro millones de parados (y subiendo), la capacidad de gasto de la ciudadanía ha caído notablemente. El subsidio de paro no da para mucho y a ello hay que añadir el muy razonable temor a perder su empleo de los afortunados trabajadores que todavía lo conservan. Esa incertidumbre disuade a cualquiera de meterse en mayores –o menores– dispendios, por lo que pueda ocurrir.
Añádase a todas esas desdichas la anunciada subida de impuestos que va a despoblar aún más los bolsillos de la gente y fácil será deducir que ninguna rebaja de precios estimulará por sí sola el ansia de consumo de los españoles. Menos aún si es tan módica como ese 1 por ciento de los últimos meses.
Si las circunstancias fuesen otras, la noticia resultaría gozosa para todos y muy en particular para el Gobierno, que tal vez estuviese sacando pecho ahora mismo por el abaratamiento del coste de la vida. Sorprendentemente, no es así. Lejos de felicitarse, los políticos al mando consideran un incordio la bajada de precios, al igual que no hace mucho lamentaron la pérdida de valor contable de la vivienda.
No se trata de que los gobernantes disfruten sádicamente con una subida del coste de los pisos o de la cesta de la compra, desde luego. Simplemente, atienden a los consejos de las gentes doctas en finanzas, temerosas de que el desplome de los precios pueda ser más dañino para la economía del país que la propia inflación.
La deflación, malsonante palabra que los economistas utilizan en su jerga para referirse a una caída continuada de precios como la que ahora vive España, es en realidad uno de los más espantables efectos de la crisis que padecemos. Aunque algo retorcida, la explicación es fácil. Quiere decirse que si los precios no paran de bajar, los compradores escatimarán su dinero a la espera de que el coste de las mercancías siga abaratándose en los próximos meses, con las graves consecuencias que ello acarreará para el comercio y los fabricantes. Más o menos lo que viene ocurriendo desde hace año y pico con el otrora boyante negocio del ladrillo.
Todo invita a suponer, por tanto, que los únicos beneficiarios de la bajada de precios sean los "poderosos" a los que tan enigmáticamente suele aludir el presidente Zapatero. Gracias a su disponibilidad de efectivo y patrimonio, sólo los ricos podrán aprovecharse –en apariencia– de la época de vacas flacas y precios desinflados que nos está tocando vivir. A los asalariados y trabajadores en general de poco va a servirles que España se esté convirtiendo en el país del barato, barato. Y es que cuando no hay trabajo ni dinero, todo parece carísimo.
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