Goza la hostelería española fama de ser una de las mejores del mundo: y con justicia. A ver, si no, en qué otro país puede uno elegir entre un café solo, uno con leche, un manchado, un descafeinado normal, uno de máquina, un americano, un cortado o un carajillo: por citar tan sólo algunas de las decenas de variantes que aquí adopta esa popular infusión. Nada que ver con el aburrido café de castañas que sirven a modo de bebida única en las películas y telefilmes de Norteamérica.
Pero no sólo se trata del café, naturalmente. Los españoles aprecian como casi ningún otro pueblo la posibilidad de elegir entre productos descafeinados o con cafeína en todos los ramos de la actividad económica. En eso nos diferenciamos de los centroeuropeos o los nórdicos, gentes aburridas que sólo conocen una modalidad –o como mucho dos– de café, de impuestos y de pago de facturas.
Hasta ahora, por poner un ejemplo, era habitual que el comprador de un piso pudiese elegir entre el desembolso en dinero A o B; e incluso en una mezcla de ambos que venía ser el equivalente del café cortado en los bares. Infelizmente, el derrumbe del mercado del ladrillo hizo que cayera en desuso esa establecida tradición de abonar en “negro” una parte del precio de la vivienda; pero siempre nos quedará el IVA.
El famoso impuesto sobre el valor añadido que importamos años atrás de Europa pasa por ser el más universal y en consecuencia el más injusto de todos los gravámenes con los que el Gobierno nos amarga la vida. El de la renta machaca por lo general a los asalariados, pero al menos lo hace en mayor medida con los que más ganan para supuesto beneficio de los peor pagados. Los tributos sobre el capital distinguen igualmente entre los pequeños ahorradores –a los que se sangra un 18 por ciento de sus beneficios– y las grandes fortunas, agraciadas por el Estado con una casi simbólica tributación del 1 por ciento. En este caso, el dinero de los pobres trabaja para el de los ricos; pero aun así no deja de ser una fórmula de redistribución de la renta similar –si bien inversa– a la del IRPF.
El IVA es diferente. Igualitario como ningún otro, este impuesto en el que el Gobierno cifra sus esperanzas de evitar la bancarrota, penaliza a todo el mundo sin distinción de clases ni poderío financiero. Ante él se abajan el rico y el pobre, el trabajador y el rentista, el que vive de una pensión y el que lo hace del cuento. Todos ellos deberán pagar imparcialmente el diezmo cada vez que hagan una compra o contraten un servicio, con la ventaja añadida de que se trata de un impuesto silencioso que no exige pasar por el trance de la declaración de la renta, a menudo tan ingrato. Simplemente, el Gobierno convierte en recaudadores de tributos a los comerciantes: con tal astucia que la víctima del impuesto ni siquiera tiene conciencia de que lo esté pagando.
Más sofisticado todavía, el canon que todos sin excepción abonamos por la compra de un CD a la Sociedad General de Autores es la última innovación que España ha aportado al mundo en materia de impuestos.
Contra el canon de los cantantes poco hay que hacer, pero no ocurre lo mismo en lo tocante al IVA. Ingenioso a la hora de idear tributos, el Gobierno tal vez debiera haber tenido en cuenta que también los españoles suelen hacer grandes alardes de imaginación para eludirlos.
En la era dorada del hormigón, recurrían –por ejemplo– al dinero de clase B para esquivar a Hacienda en la compra de un piso. Mucho es de temer que el anunciado aumento del IVA haga crecer ahora en paralelo el fraude fiscal en este que sigue siendo el país de Rinconete y Cortadillo. La misma gente que elige entre solo, cortado, descafeinado o con leche en el bar podría no resistir la tentación cuando alguien le pregunte si quiere la factura con IVA o sin IVA. Y a lo mejor no hay inspectores bastantes para controlar a tan grande multitud.
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