De modo que, planteada en Silleda otra moción de censura, de momento parece que en grado de tentativa, no se sabe bien qué llama más la atención: si el toque a rebato de los socialistas en defensa de su alcaldesa o la movilización de sus adversarios para disimular el derribo. En todo caso, hay algo que vuelve a quedar claro: el cinismo de ambos partidos, en línea con aquel viejo eslogan nacionalista, debidamente adaptado a este tiempo, de "PSOE, PP, a mesma cousa é".
Y no se trata de formular una descalificación global sin argumento sólido que la ratifique: bastaría con citar los casos de Pinto, de Benidorm, de Mos o de Gondomar para justificarla y, de paso, también el recordatorio de aquel grito de los antiguos tiempos. Porque esos casos hicieron víctimas de todos los colores, pero a iniciativa siempre del rojo o el blanco.
A partir de la evidencia, más que demostrada, de que ambas organizaciones estatales hacen lo mismo cuando les conviene, aunque disfracen su interés con algunas excusas que producen bochorno -por ejemplo lo de la gobernabilidad y el beneficio ciudadano, que fue la misma que en su día respaldó los pactos que ahora estallan. Es oportuno reclamar otra vez cambios legales para que los tránsfugas, o sus adaptaciones modernas de no alineados –previa petición de baja en las siglas por las que fueron elegidos– sean privados de la representación que traicionan. Y si hay que cambiar –que quizá no– la Constitución para ello, pues que se cambie.
Algunos observadores han repetido en los último años un razonamiento impecable, pero que no se tiene en cuenta por el citado –y aberrante– cinismo de quienes manejan los hilos de toda esta farsa: sencillamente, que la voluntad popular ni puede ni debe interpretarse, después de ser expresada, por unos cuantos profesionales de la política residentes en los laboratorios de los partidos. Porque para esos experimentos no tienen mandato ni legitimidad –aunque sean práctica legal–, y por tanto no debiera quedar otro remedio que acudir a la fuente directa de la democracia, que es el pueblo.
Mientras, podrían prescindir de sus monsergas los distintos oráculos que sobre todo esto dicen. Porque nadie cree en la autenticidad de la baja –o expulsión– de los trashumantes, ni en la sinceridad de los discursos de sus hasta ahora jefes. Y eso que sería sencilla de probar: bastaría con no readmitirlos nunca ni pactar con ellos en el futuro, aunque sigan siendo "independientes".
¿Eh...?