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Por si no fuesen bastantes los impuestos sobre la renta, el consumo, el capital y hasta la respiración, el Gobierno ha ideado ahora un tributo “ecológico” con el que los españoles podrán contribuir –lo quieran o no- a la lucha contra el llamado cambio climático. Todo sea por evitar el deshielo de los polos.
Sorprendentemente, el nuevo diezmo no ha sido anunciado por la ministra de Economía o siquiera la de Medio Ambiente, sino por el titular de obras públicas José Blanco. Explicaba ayer nuestro paisano lucense que la actual situación del planeta exige “penalizar” a todo aquel que contamine la atmósfera con el petardeo del tubo de escape de su coche. No dio más detalles, pero es fácil suponer que el mentado impuesto gravará y agravará –aún más- el precio del litro de combustible utilizado por los automovilistas para saciar la sed de sus motores.
Esto se veía venir desde que el presidente del Gobierno, José Luis (R.) Zapatero, afirmó ante la asamblea general de las Naciones Unidas que el cambio climático es una amenaza mucho mayor –donde va a parar- que la actual crisis económica. Puede que el calentamiento global de la atmósfera no produzca tantos millones de parados como la recesión; pero bien dijo Zapatero en Nueva York que acaso tenga efectos “mucho más devastadores” para la salud y la prosperidad de los pueblos.
No es seguro que este argumento tan verde –en todos los sentidos de la palabra- consuele a la multitud de trabajadores sin empleo que puebla las oficinas del INEM, tal vez menos preocupados por el equilibrio ecológico del planeta que por firmar un contrato de subsistencia hasta fin de mes. Se conoce que los parados son poco sensibles a las exigencias del medio ambiente y –en su egoísmo- prefieren tener un trabajo a luchar contra el calentamiento global. Bastante calentura tienen ya con lo suyo.
Como quiera que sea, el nuevo impuesto ecológico urdido por el Gobierno deberá afectar de modo especial a Galicia, sucio reino que además de contaminar el aire con el humo de sus viejas centrales de carbón libera a los cielos toneladas de gases procedentes de los estómagos de sus vacas. Que son un millón, según el último censo vacuno.
Las marelas de apariencia tan inocente arrojan en efecto a la atmósfera grandes nubes de CO2 por sus conductos anales. Podría considerarse la hipótesis de organizar cursillos de buenos modales para las reses de este país a fin de que abandonen la molesta y contaminante costumbre del pedorreo que tanto está influyendo sobre el deshielo de los polos; pero lo cierto es que esa alternativa no parece muy viable.
Consciente de ello, el Gobierno parece haber desechado la opción de gravar con un nuevo impuesto a las vacas, lo que sin duda será un alivio para los ya bastante agobiados ganaderos de Galicia.
A cambio, todo sugiere que los mandamases españoles van a cargar la mano de Hacienda sobre los combustibles con el benéfico propósito de disuadir a los automovilistas acostumbrados a usar y abusar del coche. Nada más lógico. Cuando la gasolina alcance un precio de –pongamos- dos o tres euros por litro, cae de cajón que buena parte de los conductores van a dejar el buga en el garaje con los beneficios que eso acarreará a la limpieza de la atmósfera. Y si no lo hicieran, el resultado sería igualmente feliz para las arcas de la Agencia Tributaria, que se lleva más de la mitad de la suma recaudada en las gasolineras.
Ahora que la población en general empieza a acalorarse como consecuencia del paro y demás quebrantos de la economía, nada parece más oportuno que un impuesto “verde” ideado para combatir el calentamiento global del planeta. El nuevo tributo contribuirá sin duda a enfriar la atmósfera, aunque no ayude gran cosa a solucionarle su problema a los parados. Todo le vale al Gobierno para que la gente no se inflame en el otoño caliente que se nos viene encima.
anxel@arrakis.es
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