Los presupuestos del año de la reactivación económica

Mañana sábado se aprobarán en el Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Sin duda, se producirá un fuerte debate en torno a sus líneas maestras que, además, irá acompañado de posiciones confrontadas sobre la política fiscal que el Gobierno de España ha diseñado.
Los políticos tenemos la obligación de explicar a los ciudadanos las decisiones que tomamos y, por ello, es necesario dar a conocer cuáles son las bases en las que se asienta una de las leyes que más influye en la vida de todos y cada uno de los ciudadanos.
En primer lugar, hay que destacar que los Presupuestos Generales del Estado para 2010 responden a los mismos objetivos que se marcaron desde el inicio del gobierno socialista en 2004: apoyo a las políticas sociales, reforzar las políticas productivas, apostar por la modernización de nuestro país y, en un momento de crisis económica, hacer de la austeridad en el gasto corriente un elemento fundamental.
A nadie se le escapa, desde un punto de vista exclusivamente técnico, que en España hemos tenido que hacer frente a una crisis financiera internacional que ha obligado a aumentar el gasto para ayudar a un sistema financiero que hacía peligrar al conjunto de la economía, a las empresas y a los hogares. Y, también, es innegable que los efectos generados en el empleo han obligado a dedicar una ingente masa de recursos a proteger a quienes han sufrido y sufren el paro.
Para dar respuesta a los objetivos que se persiguen con los Presupuestos de 2010 y para hacer frente a las consecuencias que ha generado la coyuntura económica es necesario mejorar la capacidad de ingresos del Estado.
De ahí deriva la subida de impuestos que se dará a conocer con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Una subida de impuestos que será equitativa, ya que afectará a los que tienen una mayor capacidad contributiva: las rentas más altas.
Gobernar es decidir. El gobierno socialista ha decidido darles una fuerte impronta en política social porque es lo que España necesita en un momento en que muchos sufren las consecuencias de una crisis generada por la desregulación y la avaricia. La peor política para el presente y el futuro sería que se rompiese la cohesión social y la vertebración territorial.
Pero, además, tienen un componente añadido de gran relevancia: ser un instrumento para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento sostenible económica, social y medio ambientalmente.
Puede haber otros modelos presupuestarios. Este es por el que ha optado el Gobierno que ha sido elegido por más de 11 millones de ciudadanos.
Es deseable que en el trámite parlamentario podamos conocer si hay modelo alternativo. Así, el conjunto de la sociedad española podrá tener elementos comparativos objetivos que permita fijar una posición basada en propuestas claras y con el rigor y transparencia que es justo demandar.