Pagar facturas ajenas

En la ciudad donde resido hay inquietud municipal por una sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado la ilegalidad del horrible edificio construido sobre la parcela de lo que fue la sede de Fenosa, aquella empresa hidroeléctrica creada por un capitalista coruñés muy amigo de Franco. Tan amigo que, además de favorecer que le tocase el Gordo de la lotería de Navidad (según leyenda urbana), lo ennobleció con el título de Conde de las Fuerzas Eléctricas del Noroeste Sociedad Anónima, titulo del que no hay precedentes en la heráldica española, donde todavía no hay marqueses de El Corte Inglés, ni barones de Gallina Blanca, ni duques de Conservas Calvo, aunque no son menores los méritos empresariales de sus máximos accionistas. Según leo en la prensa, la inquietud municipal se concreta en la posibilidad de que la sentencia obligue a derribar lo construido e indemnizar a los compradores y actuales inquilinos, entre los que hay destacados personajes de la sociedad local. La polémica licencia fue concedida cuando era alcalde el actual embajador forzoso en el Vaticano y teniente de alcalde, y chico para todo, el actual regidor, quien durante más de veinte años llevó a cabo una política urbanística lamentable de la que los primeros beneficiarios eran casi siempre los miembros de un selecto grupo de constructores, o destructores, si vamos a emplear correctamente el diccionario. Las tropelías cometidas fueron muchas y antes de esta hubo otras sentencias que declararon ilegales algunas licencias irregularmente concedidas. Pero la corporación socialista (lo de socialista parece una broma de mal gusto) salía del paso legalizando el engendro con una modificación del Plan General, en algún caso tan extensa que todas las barbaridades urbanísticas perpetradas en el ámbito del concejo quedaban saneadas de golpe y a salvo de cualquier reclamación. Lo malo del caso actual es que la sentencia veta esa posibilidad y sólo nos queda apelar a la conocida doctrina jurídica de daños de imposible reparación, para salir por la tangente. Algunos concejales de la coalición gobernante (PSOE y BNG) han tenido el descaro de argumentar que el edificio no se derribará porque el Ayuntamiento quedaría en bancarrota y la factura tendrían que pagarla los ciudadanos con sus impuestos. Yo les propongo otra forma mejor de solucionarlo: que el dinero salga de los bolsillos del anterior alcalde, del actual, y del concejal de Urbanismo de entonces, que ahora es presidente de la Diputación. Y si no tienen con que afrontarlo que los pongan a la sombra por un tiempo junto con el constructor cómplice de la ilegalidad cometida. Una medida ejemplarizante pondría coto a la corrupción municipal y los desaprensivos dejarían de tomarnos el pelo. Al margen de argumentos legales, el edificio habría que derribarlo por razones de estética. Es horroroso.