El canon

A estas alturas, y visto lo que cae –y lo que se espera– extraña poco el enfado con que las empresas eólicas han acogido el anuncio que hizo la Xunta de un canon que grave parte de sus beneficios. Y en esa línea, tampoco ha de resultar rara la solicitud que formulan, incluyendo avisos de demanda, para que el gobierno gallego lo suprima y vuelva así al status quo en el que funcionaba ese negocio.
Ocurre que, como ya tiene advertido el viejo y sabio refrán, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Sobre todo a quienes, como estas empresas, se han limitado a compensar al país de cuyas riquezas obtienen muy buenos réditos con el pago de los impuestos correspondientes, e incluso menos caso de tener fuera de Galicia su domicilio fiscal.
Es cierto que para muchos –sobre todo del lado patronal– el argumentario asentado sobre el concepto de explotación, por más que legítima, suena a demagogia pura y dura, y tiende a ponerlos de los nervios. Pero el disgusto no oculta el hecho de que en esto de las eólicas, unos ponen el árbol y otros se llevan el fruto, ambos ejemplos en sentido figurado, naturalmente. Y eso hay que compensarlo, porque no es justo.
Por supuesto, las empresas replican, aparte de con una particular visión –a la que sin duda tienen derecho– de la legalidad con un conjunto de datos sobre la inversión, la creación de puestos de trabajo y por tanto los efectos directos y colaterales positivos para el territorio en el que hacen su inversión y para las personas que lo habitan. Y es verdad que eso ocurre, aunque habría que hablar de proporciones y quizá en eso surgieran matices y discrepancias. Pero no es, el empresarial, un argumento definitivo.
La cuestión está en que de lo que se trata es no de una fábrica de muebles, verbigratia, sino de los recursos naturales de un país y de la conveniencia de que lo que es de todos beneficie a todos y no sólo a quienes dirigen o se emplean en la actividad. Y ese sentido diferencial es el que legitima aún más a un gobierno, y en este caso a la Xunta de Galicia –que, dicho sea de paso, podría haber manejado de otro modo la herencia del concurso eólico–, para crear un impuesto que distribuya mejor la riqueza colectiva que se explota. Y en tiempos de crisis como éstos, la decisión es aún más razonable y lógica.
Por las expuestas y otras razones que podrían aducirse, la decisión del gobierno del señor Núñez Feijóo merece un apoyo claro y preciso. Pero habrá que ver si existe generosidad para prestarlo o no.
¿Eh...?