Hay que acabar con el vandalismo en las ciudades

Engañados con la falacia de que el espacio público no es de nadie, cuando en realidad es de todos, el vandalismo se ha convertido en una de las grandes lacras sociales. La mayoría de las ciudades españolas ya padecen los efectos de un fenómeno que altera la convivencia, burla las reglas básicas que permiten a una sociedad organizarse y ocasiona un oneroso gasto a unos municipios ya con serios problemas de financiación. El vandalismo era, hasta ahora, asumido como un mal propio de nuestro tiempo; la gracieta de ociosos gamberros que desprecian la idea de lo público. Hasta ahora. Porque el incendio provocado en la calle Jenaro de la Fuente, en Vigo, que arrasó un edificio y dejó a catorce familias sin vivienda, debería marcar un punto y aparte en la percepción social y política de esta práctica a todas luces delictiva.
Si la investigación confirma que el fuego fue obra de dos jóvenes vecinos de la zona en busca de un poco de diversión, el gamberrismo habría alcanzado en Vigo su cumbre. La imagen de las llamas elevándose decenas de metros en el centro de la ciudad mientras sus autores la graban en un móvil y asistían, curiosos, a las escenas de pánico debe dar mucho que pensar. Los daños de la fechoría han sido cuantiosos pero, por fortuna, sólo materiales. Sin embargo, sólo la providencia evitó una verdadera tragedia, porque las viviendas arrasadas estaban ocupadas y sus inquilinos durmiendo. ¿Se imaginan que el siniestro hubiera dejado víctimas? ¿Estaríamos hablando a estas alturas de simple vandalismo ciudadano? La limitada dimensión de las consecuencias de este incendio, sólo gravosas pérdidas materiales, no tendría por qué atenuar el debate sobre cómo atajar con eficacia este desaforado gamberrismo.
En este terreno, se presentan dos grandes campos de actuación: uno previo y otro posterior. En el primer caso, la educación tiene que erigirse en un elemento central en la conformación de la personalidad de nuestros jóvenes. Desde su infancia, los ciudadanos deben interiorizar la idea de que el espacio público les pertenece tanto como su casa o su coche. Pero con un matiz, y es que esa pertenencia no es exclusiva, sino que debe compartirla con otros: sus vecinos. Por tanto, el respeto a unas normas básicas de convivencia es primordial para garantizar un desarrollo armónico de una sociedad. Como resume el profesor José Antonio Marina, "la ciudad es el símbolo de la sociedad organizada, regida por leyes. No es una mera agregación de individuos, sino un modo de convivir, de estar vinculados". El urbanismo, la civilidad, la sociabilidad tienen que formar parte de nuestro acervo personal de valores. Y en este afán, la educación, en la escuela pero también en el seno familiar, es el instrumento imprescindible. Sólo desde este ámbito se pueden crear ciudadanos responsables, libres, tolerantes, justos, interesados y orgullosos de la cosa pública.
Pero, lejos de caer en un buenismo infantil y estéril, resulta palmario que la educación fracasa con frecuencia y por los motivos más diversos. Y que esa falla educativa puede derivar en violencia física, intolerancia ideológica o, como es el caso, la más flagrante falta de respeto por el bien común, por lo público. El vandalismo encuentra aquí su caldo de cultivo como interpretación perversa de la libertad, un valor supremo pero que también tiene límites infranqueables.
Los gamberros, ¿por qué no llamarlos llanamente delincuentes sociales?, encuentran una inexplicable y sádica fuente de placer en destrozar los espacios públicos, bienes que tanto dinero cuestan. Papeleras, contenedores, farolas, bancos, árboles, coches, incluso casas, son pasto de esa preocupante y extendida patología asocial. Sólo la ciudad de Vigo registró en apenas cinco meses 150 incendios provocados en las calles. Pontevedra, Ourense, Vilagarcía... las mayoría de las ciudades gallegas también sufren esta lacra sin que ninguna haya encontrado un remedio eficaz para aplacarla.
Y es aquí donde debería jugar un rol central la aplicación de la ley. Una norma jurídica es papel mojado si no tiene consecuencias punitivas en caso de su desobediencia o ignorancia. Casi todos los municipios tienen su propia ordenanza que, con independencia del Código Penal, regula los castigos para los actos vandálicos, pero aquéllos suelen reducirse a una relación numérica de multas, cuyas cantidades fluctúan según el perjuicio causado. Sin embargo, la especial dificultad para encontrar a los autores de los destrozos, que suelen actuar amparados en la nocturnidad, dejan en un mero inventario esa amenaza de sanción. En el caso de Vigo, apenas un puñado de multas.
Por eso, los gobiernos locales deberían mostrar una especial sensibilidad sobre este fenómeno creciente que afea nuestras ciudades, perturba la paz social y causa estragos en las arcas públicas, o sea en la de nuestros propios bolsillos. Intensificar la persecución de este delito y sancionarlo con el máximo rigor deben ser prioritarios.
Sin embargo, quizá la aplicación de una pena económica no sea suficiente –en ocasiones, los autores son insolventes o incluso menores de edad– para poner coto a esta pertinaz perturbación social. Algunos ayuntamientos así lo han entendido. Por ejemplo, obligando a los vándalos a reparar aquello que han destrozado. ¿Es acaso una decisión equivocada? Puesto que el gamberrismo causa un daño en la esfera de lo público, ¿por qué no su reparación también es pública y evidente para la comunidad?
La experiencia demuestra que el pago de una multa, pues las condenas privativas de libertad en esta materia son inexistentes, no es suficiente para eliminar conductas erráticas. El dinero duele pero quizá más la vergüenza pública. Por eso, el escarmiento abierto, visible a todos, podría constituir un remedio útil para atajar las acciones de un grupo minúsculo, pero ruidoso, de personas incapaces de entender que el bien público es tan valioso como su móvil, su moto o su habitación. Hasta entonces, seguirá siendo una tarea loable pero ociosa empeñarse en construir una ciudad, Vigo o cualquier otra, armónica, limpia, bella, civilizada, sociable, si sus ciudadanos, por muy minoría que nos parezcan, no lo son.
EDITORIAL