Al margen de la opinión que pueda tener cada cual, la decisión adoptada por la Consellería de Infraestructuras sobre la ampliación del túnel de Beiramar parece sensata. Más de cuarenta alegaciones al anteproyecto presentado a toda prisa y antes de las elecciones en febrero, son suficientes como para pensarse dos veces lo que se va a hacer en una parte tan importante de la ciudad por su proximidad al puerto pesquero y a los astilleros de la zona.
El volumen de alegaciones, algunas de gran calado como la que presentó la propia Autoridad Portuaria provocan, cuando menos, que se abra un periodo de negociación para poner de acuerdo a todas las partes. El consenso ya está conseguido en lo fundamental: realizar la obra. Lo que queda por hacer es sentar a todos y reflexionar sobre la forma de hacerlo para que, con los beneficios que ello va a reportar a la ciudad –tanto de tráfico como de convivencia ciudadana en la superficie – no se perjudique a empresas sobre las que recae una parte del desarrollo económico.
Ahora es de esperar que la decisión de esperar a un consenso presida la actitud de las demás partes. De poco sirvieron los anuncios del mes de febrero de que antes de acabar este año estaría aprobado el proyecto y se licitarían las obras. Solo los técnicos de la consellería –supongo que muchos de ellos siguen de la anterior administración al ser funcionarios– han tardado casi tres meses en estudiar las alegaciones por la complejidad de las mismas. Únicamente eran prisas que no iban a tener en cuenta la opinión los posibles perjudicados.
De la misma manera que el departamento autonómico se pone como meta inmediata diseñar un plan de obra que no perjudique la actividad cotidiana en la zona, tanto Concello como Puerto habrán de aplicarse en buscar soluciones a los problemas que se han planteado durante este nuevo estudio. Y deberán hacerlo con la mayor celeridad, ya que el proyecto no comenzará a redactarse hasta que haya ese acuerdo, que demandan los ciudadanos desde hace años.