La financiación autonómica del PP

Si la financiación autonómica del Estado fue un calvario para Zapatero, la financiación autonómica del PP conlleva serios problemas de crédito para Rajoy. Con cierto retraso, el partido conservador ha perdido la pureza inmaculada sobre el manejo de fondos en su seno –el tesorero de la formación está imputado por el Supremo–, una vitola concedida gratuitamente al aznarismo porque España necesitaba una semblanza de juego limpio tras los desastres de la etapa postrera de González. La derecha acumula escándalos en Madrid, Valencia, Baleares, Murcia. Ante la imposibilidad de desligarse de ellos, acude con renovados bríos a la defensa Berlusconi, una conjura de las toghe rosse y la prensa comunista.
Rajoy siempre se abstiene. Ni sí ni no era su respuesta obvia a la financiación autonómica diseñada por Zapatero. No rechistó cuando los altos cargos de su partido en Valencia alegaron que recibían trajes de Correa por su puesto en el escalafón del PP. Se mantuvo al margen a la hora de destituir a Bárcenas. Ni siquiera negó explícitamente que el tesorero fuera un chantajista o que le hubiera chantajeado, sólo recalcó que él no habría sido víctima de esa presión. Muy graves han de ser las disfunciones en las finanzas de su partido, para que se haya pronunciado al respecto. Sólo se ejercitó en la torería estival después de lanzar a los subalternos y comprobar que nadie les embestía ante el reestreno de su vodevil, El Estado no nos quiere.
María Dolores de Cospedal ha gozado de dos intervenciones irritadas en el ferragosto. La primera, al enterarse de que la fiscalía iba a recurrir el archivo de los trajes a Camps. La segunda, más inesperada al producirse durante la misma semana, al día siguiente de la detención en Mallorca de altos cargos de su partido, en relación a la desaparición de diez mil millones de pesetas en la construcción del velódromo Palma Arena. De nuevo, la financiación autonómica del PP debía ser altamente tóxica, para que la secretaria general acudiera a sofocar un fuego en concreto, entre la docena de hogueras de corrupción del Govern de Jaume Matas que ardían en Balears. Su excitación en chanclas carece de relevancia penal, pero resulta políticamente esclarecedora. La cantidad evaporada es tan elevada que cuesta imaginar que toda ella se destinó a perceptores privados.
El escaso empuje mediático de Cospedal y Rajoy obligó a rescatar el aznarismo profundo de un encrespado Javier Arenas. Mecido por la brisa, anuló las credenciales democráticas del Estado. La descalificación in toto caracteriza a los partidos antisistema o marginales, pese a que cuesta encuadrar al PP en las citadas categorías. Los populares siempre están dispuestos a romper relaciones con España, una realidad que les causa hondo pesar en su actual configuración. Un país que trata a los presuntos delincuentes populares como presuntos delincuentes les genera una lógica desconfianza. Se sienten espiados desde el exterior, por si no bastara la plaga del espionaje íntimo en la comunidad de Madrid. Una trama denunciada por cargos del partido conservador, al igual que el caso Gürtel. El rigor es lo de menos, y Rajoy brama que los cinco detenidos en Mallorca fueron puestos en libertad. Omite que eso sólo ocurrió tras el desembolso de una fianza, sin la que continuarían en prisión.
Las réplicas del PSOE han estado a la altura, Leire Pajín ha proporcionado los únicos instantes de alivio al PP durante la larga crisis de su financiación autonómica. El encontronazo dialéctico sin vestigio de evidencias tiene algo de serpiente de verano. Ahora que los políticos suplantan a los periódicos en la confección de noticias –el vídeo promocional de Arenas–, han extendido su competencia a la definición expresa de la actualidad. En un mes en que hay que encontrarle aliciente a un España-Macedonia, detrás de la polvareda puede hallarse el deseo de los dos partidos únicos de reforzar sus privilegios judiciales. Por ejemplo, consensuando la prohibición de la captación de imágenes en los juzgados de los presuntos corruptos de ambas filiaciones. A este desenlace contribuye la sospecha de que el PP no se toma demasiado en serio la trifulca, si recurre como portavoz a Federico Trillo. Cuando el debelador de jueces izquierdistas tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional por el Yak-42, lo hizo por escrito, sin personarse siquiera ante el magistrado instructor. En efecto, un ensañamiento judicial con los populares.