Examen de valencianidad

El verano había sido siempre una época horrible para las columnas de opinión. Con la actividad política desaparecida, los bárbaros capitalinos aterrizaban en Mallorca y la jet set importada o residente –incapaz de perder del todo el pelo de la dehesa– daba fiestas tirando a cutre que eran a menudo muy celebradas, ¡ay!, por un periodismo que no sabía de qué otra cosa hablar. Hasta que entre los fiscales haciendo su trabajo y los terroristas impidiendo a los ciudadanos no ya trabajar sino vivir siquiera, han hecho de este mes de agosto un volcán de noticias justo cuando muchas de las redacciones están medio vacías a causa de las vacaciones.
Se entiende mal que, en medio de toda la vorágine, algunos estrategas políticos hayan decidido convertir el verano en aún más tórrido dándole una vuelta de tuerca a la teoría de la conspiración. En una época de crisis tremenda, con índices de paro que se instalan en lo más alto de las estadísticas, el gobierno de este país tiene suficientes problemas que le caen encima sin necesidad de que aparezcan nuevos frentes. Pero se conoce que la real oposición se siente inquieta con tanto prócer imputado o en vías de serlo, así que sus estrategas, ya digo, han decidido meter caña.
Acusar a la policía, a los fiscales y a los jueces de cooperar con los pretendidos intereses gubernamentales es un guión que ningún escritor serio usaría ni en una novela de misterio de serie B. Pronto o tarde, las personas sensatas del Partido Popular, que las hay, se darán cuenta de que no cabe poner en marcha el ventilador sin ensuciarse las manos. Pero, por fortuna, de la mano de esa rabieta ha aparecido la verdadera joya, la venganza que ni siquiera Shakespeare pudo imaginar nunca. El Partido Popular valenciano, aupado por las amistades a las que se quiere un huevo, ha decidido no proponer como senadora a Leire Pajín, secretaria de organización del PSOE, sin pasar antes un examen de valencianidad.
Brindo por la iniciativa. Ya comenzaba a ser hora de hacer justicia al espíritu del Estado de las autonomías imponiendo exámenes de pureza de sangre ideológica. No es cosa de pasarse y exigir a las autoridades, qué sé yo, las cuatro reglas o una ortografía impecable, que todos tenemos nuestro corazoncito y no nos gusta que nos pongan en evidencia. Pero el examen de valencianidad –que no tardará en ser adoptado, con los pertinentes ajustes, por otras comunidades autónomas– resulta oportuno e incluso aconsejable en términos generales. ¿Quién querría que le sirviese la cena en el restaurante un camarero del que no está al tanto del santerío local, las fiestas populares y los altibajos del equipo de fútbol emblematico? La valencianidad, catalanidad, euskeridad, galleguidad; españolidad, incluso, debería ser de examen obligatorio soplando en un dispositivo capaz de indicarla. Cuando nos llegue el turno, ya pensaremos cómo arreglárnosla porque un valencionímetro propio para Eivissa igual no sirve en Mallorca. Todo sea por la patria.