Haciendo caja en Galicia

Dispuesta a hacer caja, que es lo suyo, la Caja de Ahorros de Madrid planea la absorción –o “integración”, en lenguaje económicamente correcto– de Caixa Galicia y otra entidad de este mismo ramo financiero con sede en Levante. La idea es hacer una especie de receta bancaria en la que se mezclarían el marisco, la paella y el cocido madrileño. Que resulte o no indigesta ya es otra cuestión.
Puede que la noticia sorprenda a las gentes de más allá del Padornelo, pero no a los gallegos, acostumbrados por experiencia a este tipo de lances en los que una empresa del país –no importa de qué gremio– acaba cediendo su soberanía local a otra situada generalmente en la capital de España. Así ocurrió años atrás, por ejemplo, con el abordaje de Unión Eléctrica Madrileña a las debilitadas Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa). Primero la luz y ahora el dinero. Ya sólo falta que Florentino Pérez compre el Celta y el Deportivo a golpe de chequera para que Galicia se convierta en una especie de provincia madrileña, más bien que de España.
Tampoco hay razones de fondo que objetar. El dinero no entiende de fronteras, naturalmente; y menos aún de tenues límites entre autonomías. Bajo el principio irrefutable de que la pela es la pela, los jerarcas financieros están en su derecho de buscar las alianzas más provechosas para sus intereses, sin que importe gran cosa el territorio en el que operan.
Cuestión distinta es que, a diferencia de los bancos, las cajas de ahorro estén sometidas al mando de los gobiernos e incluso el de la Iglesia, como sucede –un suponer– en alguna de las de Andalucía.
Curiosamente, no es este el caso de Caixa Galicia –una de las menos intervenidas por el poder político–, pero sí el de Caja Madrid. Allí tienen un peso determinante el Gobierno regional, la Asamblea madrileña, los ayuntamientos y otros organismos públicos, de tal modo que la dirección de la caja queda en manos de las administraciones. Prueba de ello son las trifulcas internas que en los últimos años se vienen desatando por el control político –y económico, claro está– de la entidad. Sería impensable, por el contrario, que el presidente de la Xunta tuviese entre sus competencias la de decidir el nombre del presidente o del director general de algunas de las dos cajas de Galicia y fijar así, en consecuencia, la política financiera que deban seguir.
Quiere decirse que una fusión como la que planea la Caja madrileña podría poner en las manos del Gobierno autónomo de Madrid, distrito federal, el control de los préstamos, obras sociales y demás cometidos que son propios de estas entidades financieras en lo tocante a Galicia. Ningún reparo cabría hacer si el acuerdo se cerrase entre sociedades de carácter privado, pero lo cierto es que la fuerte politización de la entidad que propone este matrimonio –o más bien ménage-à-trois– entre cajas no parece acomodarse tanto como sería deseable a las reglas del libre mercado.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo se ha apresurado a recordar que el permiso de la Xunta es indispensable para cualquier proceso de fusión de las cajas: ya sean las gallegas entre sí, ya cualquiera de ellas –o las dos– con otras del resto de España. Conforta saber también que la propia Caixa Galicia objeto de los amores de Caja Madrid –cariño interesado, como suele ocurrir en estas circunstancias– haya desmentido la existencia de contacto alguno y menos aún la apertura de un proceso de noviazgo con su pretendiente. Una alentadora noticia, sin duda, para aquellos a quienes pudiera inquietar la pérdida de soberanía de la más importante entidad financiera de este reino.
Puestos a hacer caja, seguramente habría quien prefiriese la unión de las dos que ahora mismo existen en Galicia. Pero ya se sabe que el dinero y el minifundio –tan gallego– tienen razones que el corazón no entiende.
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