Prohibido fumar y todo lo demás

Resuelto a bajarles los humos de una vez por todas a los españoles, el Gobierno prohibirá fumar –sin excepción alguna– en los bares y cualquier otro establecimiento abierto al público, según advirtió el otro día la ministra de Sanidad. Por lo de ahora, la estricta gobernanta no planea la veda del tabaco en playas y jardines, como ya han hecho algunos países especialmente celosos de la salud pública; pero eso es mera cuestión de tiempo.
Una vieja regla no escrita sugiere que cuando un gobernante se encierra en su despacho sin nada que hacer, inevitablemente acaba por prohibir algo. Tal sería el caso de la responsable de Sanidad del Gobierno, una vez que casi todas las competencias del ramo han sido transferidas a los diecisiete reinos autónomos. Desprovista de facultades de gestión, la ministra Trinidad Jiménez parece haber encontrado una tarea con la que justificar su sueldo en la prohibición de la fumeta, empeño ya iniciado años atrás por su predecesora Elena Salgado.
Nada hay que objetar, desde luego, a tan higiénico propósito. Como bien advierten los avisos orlados de luto de las cajetillas, el hábito de fumar mata o en el mejor de los casos produce cáncer e infartos, daña el feto de las gestantes, favorece la impotencia, es causa de mal aliento y provoca daños colaterales entre los no fumadores.
Los nostálgicos de aquel cuplé en el que Sara Montiel sostenía que fumar es un placer sensual, genial y sentimental dirán tal vez que el Gobierno exagera en su celo, pero no conviene mezclar la añoranza con las exigencias de la salud. No son los gobernantes, sino los hombres de ciencia quienes han demostrado sobradamente los nocivos efectos de la adicción a la nicotina: un vicio que daña imparcialmente vísceras tan distintas como el bolsillo y el aparato respiratorio.
Certificados como están esos graves prejuicios, lo que sorprende es que el Gobierno se contente con adoptar simples medidas paliativas tales que la advertencia sobre los peligros del tabaco o la creciente limitación de su uso en espacios públicos. Si tan convencidos están los gobernantes –y razón no les falta– de que la nicotina es una droga de efectos malsanos y hasta letales, la lógica más simple aconsejaría que decretasen sin más su prohibición.
Extrañamente, ningún gobierno –ni siquiera el ultraprogresista que manda en España– ha considerado la posibilidad de tomar una medida de carácter tan radical como esa. Algunos de ellos apelan a la libertad individual de los ciudadanos para justificarse, pero siempre habrá quien se malicie que la permisividad de los gobernantes con una droga a la que ellos mismos reputan de gravemente tóxica guarda más bien relación con los cuantiosísimos tributos que el Estado ingresa a cuenta de la venta del tabaco y de los pulmones de los fumadores.
Cierto es que la prohibición de la fumeta, imposible por razones tributarias, lo es también por cuestión de principios. Sentado el precedente de que todo lo malo debe ser prohibido, el Gobierno no podría limitarse a castigar por vía penal o administrativa el consumo de tabaco y otras sustancias ya penalizadas en la actualidad.
Coser y multar todo es empezar, de tal modo que habría que prohibir también la ingestión de cualquiera de los productos derivados del cerdo: animal tan abundante en grasas, colesterol y otras ponzoñas que obstruyen las arterias y provocan toda suerte de enfermedades, con los enojosos costes que eso supone para el sistema sanitario del país. Y a partir de ahí, no quedaría otro remedio que estudiar el cierre de las fábricas expendedoras de humo contaminante, reconsiderar el uso de los transgénicos, repasar la lista de aditivos que dan sabor y duración a los alimentos y declarar a los bebedores fuera de la ley.
Tampoco quisiera uno dar ideas, desde luego. Y es que hay gobiernos que se lo toman todo al pie de la letra.

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